Luego de solicitar los libros de socios y accionistas de dos empresas implicadas en explotación infrahumana de jornaleros en los campos del norte bonaerense, ayer, la fiscalía federal de San Nicolás solicitó la detención y la declaración indagatoria de cinco directivos de esas compañías. Tanto para el fiscal federal como para su par provincial, que interviene en otras causas, ya está probada la trata de personas e incluso corresponde analizar si se cometió un delito de lesa humanidad, según expresó Rubén Giagnorio, fiscal de Instrucción de San Nicolás, en un dictamen. “Ahora sabemos quiénes son dueños, socios y accionistas, y creemos probado que ellos son los responsables de la trata de personas. No pensamos quedarnos sólo con los capataces”, comentó anoche un integrante de la fiscalía federal.
Según enumeraron fuentes judiciales, el delito de trata de personas sería “agravado” porque parte de una organización de dos o más personas que involucra a muchas víctimas, que a su vez se encuentran en situación de vulnerabilidad y en algunos casos son menores de edad. “Yo ya elevé un dictamen en el que considero probada la trata, que fue aceptado por el juzgado de garantías de San Nicolás y en pocos días va a ser elevado a la Justicia Federal”, informó ayer Giagnorio a este diario. Su dictamen es sobre la estancia La Luisa, en San Pedro, donde 69 personas de origen santiagueño fueron rescatadas el 4 de enero pasado.
Allí, los trabajadores vivían en condiciones indignas, sin luz ni baños, mientras desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas, para la empresa Southern Seeds Production, ubicada en la cercana localidad de Arrecifes. Durante el allanamiento fue demorado uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, y cuatro capataces, quienes quedaron luego en libertad. En la actualidad, según fuentes judiciales, no hay detenidos por los cinco campos inspeccionados y allanados en el norte bonaerense, desde el 30 de diciembre en adelante.
El segundo dictamen, que según adelantó Giagnorio será similar en la cuestión de fondo, es sobre lo ocurrido en la estancia El Algarrobo, también en San Pedro, y relacionada con la multinacional Nidera. “Está tardando más porque hay menores de edad de por medio y hace falta que se expida la Asesoría Tutelar de Menores, creo que en una semana ya voy a tener ese dictamen presentado”, comentó el fiscal, quien pedirá que ése caso también sea investigado por la Justicia Federal.
En El Algarrobo, tras una inspección del Ministerio de Trabajo provincial, se descubrió que 130 personas, entre ellas unos 19 menores de edad, eran reducidas a la servidumbre. Muchos provenían de Santiago del Estero y de otras provincias del norte argentino. Antes de partir, se les prometía un respetable trabajo temporario y cuando llegaban encontraban que se les sobrefacturaba la comida, tenían que dormir hacinados en unos trailers de chapa y el baño era un simple agujero en el piso.
Las pruebas colectadas durante la instrucción son cientos de testimonios y las inspecciones oculares. Demuestran que las víctimas eran pobres, tenían un origen geográfico específico, donde eran reclutadas, y luego se las trasladaba masivamente. “En este marco, se daba una explotación en la que se incumplían todas las normativas laborales, muchas víctimas no sabían donde estaban, por lo que declararon ellos, y tampoco los dejaban salir. Entonces puede enumerarse una serie de delitos: privación ilegal de la libertad, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y trata de personas, entre otros”, explicó el fiscal Giagnorio.
(Información y foto Página 12)
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