Hace un año, después de que un inspector atropelló y mató a dos jóvenes que iban en moto, hubo una protesta que incluyó la quema del edificio municipal y de la camioneta del inspector. Algunos testigos admitieron que les pagaron para mentir.
Por Pedro Lipcovich– Un fiscal pidió juicio oral para once hombres acusados de atacar e incendiar la Municipalidad de Baradero y destruir una camioneta, durante los disturbios que, hace un año, siguieron a la muerte de dos jóvenes, atropellados en su moto por un inspector de tránsito. La acusación se basa principalmente en filmaciones de los acontecimientos. El mismo fiscal lleva la causa por las dos muertes, que en principio considera “homicidio culposo”. Según el funcionario, algunos testigos que acusaban al inspector de actuar con dolo “bajo juramento, confesaron que les habían pagado por mentir”.
Los acusados por el fiscal Marcelo Manso, de San Pedro, son: Juan José Novella, de 31 años; Kevin Sánchez, de 20; Alexis Castro, de 19; Carlos Chávez, de 26; Marcelo Castro, de 39; Ezequiel Mazzocchi, de 35; Nicolás Rojas, de 21; Sergio Corcorán, de 44; Maximiliano Ríos, de 20; Marcos Auza, de 22; y Agustín Palacios, de 23. Interviene el juez de garantías Ricardo Prati.
A Sánchez, Chávez, Auza y Corcorán se les imputa haber destruido elementos probatorios, al incendiar la camioneta que atropelló a los dos jóvenes. Los demás están acusados por el incendio y daños al edificio de la Municipalidad. En las acciones habían participado también adolescentes, cuyos casos tramita la Justicia de Menores.
La acusación “se basa en varias horas de filmación, más declaraciones testimoniales: las filmaciones muestran cómo y quiénes arrojaron neumáticos en combustión al edificio de la Municipalidad –explicó el fiscal Manso–. En rigor, convergieron dos conductas distintas: la de quienes iniciaron y alimentaron el foco ígneo y la de quienes apedreaban los ventanales pero no participaron en el incendio”. La máxima pena solicitada por el fiscal es de “cuatro años de cárcel”. Todos los imputados están en libertad, ya que “las penas mínimas para estos delitos son bajas”, aclaró Manso.
El 21 de marzo de 2010, la camioneta conducida por el inspector de tránsito Jorge Miccuci –que participaba en un operativo para que los motociclistas usaran casco de seguridad– atropelló a la moto en la que viajaban Giuliana Giménez y Miguel Portugal, de 16 años, quienes no llevaban casco y murieron como consecuencia del choque. Horas después, se efectuó una protesta ante la Municipalidad, donde se produjeron los hechos imputados.
El fiscal Manso interviene también en la causa por la muerte de los dos adolescentes, que todavía no se elevó a juicio: “Está en la Fiscalía General de San Nicolás, a partir de un reclamo de las familias de las víctimas –explicó el fiscal Manso–. La investigación está prácticamente agotada y, en principio, la acusación será por homicidio culposo, no doloso”, es decir, que el inspector municipal no habría tenido la intención de matar a los jóvenes.
El fiscal Manso afirmó que “tres personas que, ante medios nacionales, aseguraron que la camioneta había encerrado a propósito a la moto, cuando fueron citadas bajo juramento confesaron que habían mentido, que no habían sido testigos presenciales y que, por lo menos dos de ellos, cobraron cien pesos cada uno para decir eso a los medios; no podré acreditar quién lo financió, en el marco de una interna política en la que no voy a entrar”.
En cambio, las familias de los jóvenes muertos, representadas por el abogado Miguel Ángel Pierri, piden que el inspector de tránsito Miccuci sea condenado por “doble homicidio doloso agravado”.
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