El integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal, imputado de supuesta ayuda a un represor para que eludiera a la Justicia, presentó hoy la dimisión a su cargo. La Procuración General deberá decidir si la acepta o avala el juicio político
La renuncia de Juan Manuel Romero Victorica fue confirmada por fuentes de la Procuración General de la Nación, quienes explicaron que «ahora el procurador, Esteban Righi deberá analizar la situación y resolver si acepta la renuncia o deja que avance el proceso de juicio político».
En mayo pasado, Romero Victorica debía hacer su descargo en el sumario que se inició, pero al no concretarlo -solicitó una prórroga que no le fue concedida-, Righi envió las actuaciones al Consejo Evaluador de la Procuración General.
Ese organismo debía decidir si con la prueba que tiene envía al fiscal a juicio político o inicia una investigación preliminar para recabar más datos y luego resolver.
A la vez, Romero Victorica, que en los tribunales es apodado «El Potro», también sobrelleva una causa penal por este hecho en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, con actuación del fiscal Jorge Di Lello.
El fiscal de Casación fue denunciado por la hija de desaparecidos Victoria Montenegro, quien ante el Tribunal Oral Federal 6 dijo que llamaba a su casa para hablar con su apropiador, el fallecido coronel Germán Telzlaf, para contarle como avanzaba la causa penal en la que estaba acusado por su apropiación ilegal.
Montenegro recuperó su identidad y supo que es hija biológica de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes de la guerrilla del ERP que murieron en 1977, y denunció que Telzlaf le confesó que había matado a sus padres y que le mostró el arma con la que cometió los crímenes.
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