A través de la publicación en el Boletín Oficial quedó promulgada la ley 26.695 que establece que «todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública», en las mismas condiciones y modalidades que las personas que están e libertad.
Quedará a cargo del Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires «la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad» a los detenidos, «garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho».
«Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación Nacional», equipara la ley, que además determina que «todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria fijada en la ley».
A su vez, la ley establece que los detenidos, en su condición de alumnos, tendrán «el deber de estudiar y participar en todas las actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y colaborar en la mejora de la convivencia».
«El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del derecho a la educación», añade la nueva legislación.
Además, la educación será permanente y desde el primer día de detención: «Desde el momento mismo del ingreso se asegurará al interno su derecho a la educación, y se adoptarán las medidas necesarias para mantener, fomentar y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese a un establecimiento, las autoridades educativas y penitenciarias deberán certificar su nivel de instrucción dejando constancia en el legajo personal y en los registros pertinentes».
El texto hace hincapié en la situación de las detenidas: «La mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la continuidad y la finalización de los estudios».
La implementación del programa estará a cargo del Ministerio de Educación y el de Justicia y Derechos Humanos, y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que «deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para los internos como para el personal docente y penitenciario».
La ley advierte que «los obstáculos e incumplimientos en el acceso al derecho a la educación podrán ser remediados por los jueces competentes a través de la vía del hábeas corpus correctivo, incluso en forma colectiva».
Además, obliga al Poder Ejecutivo nacional a «garantizar la creación de espacios y programas de estudio para todos los establecimientos donde aún no existiesen, en el plazo máximo de dos años».
Infocielo.com
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