Por Laureano Barrera Para Tiempo Argentino
Se juzgarán los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense durante la dictadura. Casos paradigmáticos, como la apropiación de Papel Prensa, el secuestro de Clara Anahí Marini y la primera desaparición del albañil Julio López.
Ayer, en la sede de la ex AMIA de La Plata, comenzó el proceso oral donde se juzgarán gran parte de los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense que comandó el general Ramón Camps durante los años de plomo. Avejentados, pero siempre con la mirada torva, se sentaron al banquillo 26 represores, algunos de ellos con gran capacidad de decisión en la política de exterminio que hace 35 años sembró el terror en la provincia: el coronel Américo Saint Jean, que fungió como gobernador de facto, su ministro de gobierno –y único civil– Jaime Lamont Smart, el ex director de investigaciones –y mano derecha del mandamás– Miguel Etchecolatz, el subjefe de la fuerza Rodolfo Campos, y el jefe del Destacamento de Inteligencia 101 –la estructura que coordinó gran parte de la logística represiva en la región– Agustín Arias Duval. También deberán rendir cuentas otros nueve ex comisarios, algunos de los cuales tuvieron bajo su mando los seis centros clandestinos que se investigarán en el juicio (Brigada de Investigaciones y la Comisaría 5ª de La Plata, el Destacamento de Arana, Puesto Vasco, el Comando de Operaciones Tácticas de Martínez y la Brigada de San Justo), y miembros de las patotas que secuestraban día y noche, en casas particulares, fábricas o en la vía pública, y torturaban en sus cuevas secretas sin piedad.
Durante el año y medio de audiencias que se prevé, darán su testimonio ante el Tribunal Oral Federal Nº1 –que preside Carlos Rozanski, quien en las últimas semanas fue el blanco de numerosas amenazas– 486 testigos, entre familiares y víctimas directas, que reconstruirán el destino de 281 secuestrados que pasaron por el ominoso Circuito Camps. El debate incluye algunos de los casos más emblemáticos de la represión ilegal, entre los que se destaca el traspaso forzoso de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón, mediante el secuestro y la tortura en una celda de la Subcomisaría de Don Bosco –Puesto Vasco– y en Coti Martínez, de varios miembros y allegados a la familia Graiver, hasta ese momento propietaria de la empresa.
Precisamente, el remisero y ex cabo de la policía Norberto Cozzani –que en la década del ’80 fue condenado a cuatro años de prisión por interrogar con “golpes y la aplicación de corriente eléctrica” a Isidoro y Juan Graiver, Silvia Cristina Fanjul y Lidia Papaleo de Graiver– es uno de los imputados. “Yo he sido un represor, y no me asusta la palabra represión. Y estoy contento en haber contribuido a que la logística de Montoneros se quedara sin dinero”, declaró en una entrevista desde la cárcel de Marcos Paz a un blog marginal, en 2005, mientras cumplía prisión preventiva por 26 nuevos casos de tortura y por su participación en el ataque a la casa del matrimonio Mariani y Teruggi, conocido como el “Operativo de calle 30”, que también se ventilará en este juicio: cuatro homicidios calificados y el robo de Clara Anahí, la nieta de tres meses de una de las fundadoras de Abuelas, Chicha Mariani.
Habrá otros casos que darán que hablar: las desapariciones seriales de los estudiantes secundarios platenses –hecho conocido como La Noche de los Lápices, de la que se cumplen esta semana 35 años–, el juicio a los apropiadores de Pedro Luis Nadal García –quien se encuentra en París para recibir el premio de la Unesco junto a otros nietos y a Estela Carlotto–, y el primer secuestro de Jorge Julio López –a través de su propio testimonio filmado–, y de cuya segunda y definitiva desaparición también se aproxima una efeméride: el 18 de septiembre se cumple un lustro sin él.
El juicio oral que se inició ayer es, tal vez, la causa más extensa de la historia judicial argentina. Se abrió en 1984 en un tribunal militar, y luego del pasaje a la justicia civil se logró la condena del general Camps, su par Ovidio Riccheri y sus subordinados, Miguel Etchecolatz, el médico policial Jorge Bergés y el “Beto” Cozzani, pero quedó trunca con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En 2004, cuando el Congreso de la Nación las declaró inconstitucionales, las penas que habían quedado flotando en la impunidad se reactivaron, y cinco expedientes que confluyeron en la justicia federal platense, y que terminaron por unificarse, se siguió investigando hacia abajo en la cadena de mandos. Otros siete años de instrucción somnolienta permitieron que en el camino murieran 12 procesados y que a muchos denunciantes indoblegables, como Adriana Calvo, los venciera la muerte. Esa espera injusta terminó: la justicia debe suceder a la ignominia.
Diario Tiempo Argentino
Foto: Télam
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