El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas denunció la complicidad de empresarios, abogados y funcionarios del gobierno bonaerense para «perjudicar el erario provincial y a las fábricas recuperadas».
En diálogo con Radio Nacional, el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y abogado querellante, Luis Caro, dio detalles respecto del caso por el que el movimiento de Fábricas Recuperadas iniciará acciones legales contra el gobernador Daniel Scioli, su ex ministro de Industria, Martin Ferré y dos estudios de abogados, entre otros.
Caro explicó que desde hace 12 años «se produjeron distintas recuperaciones de fábricas y en algunos casos se tuvieron que emitir leyes de expropiación», pero que en ese lapso, el gobierno de la provincia «nunca ejecutó ninguna de las expropiaciones que fueron dictadas por ley, salvo la de Wasserman S. A».
«Concretamente en el 2003 se emitió la ley de expropiación y el año pasado se llegó a un acuerdo autorizado por el Gobernador con el decreto717 apagar 101 millones de pesos por la tasación de una fábrica que en realidad la fiscalía dijo que vale 26 y lo concreto es que vale muchos menos».
El asesor letrado destacó que «contrariando toda la voluntad del gobernador, que fue vetar todas las leyes diciendo que no tenía presupuesto, en este caso, se depositó el dinero».
Asimismo, explicó que «los 101 millones de pesos se repartieron entre dos estudios de abogados: el primero está relacionado con el constitucionalista Daniel Sabsay y el segundo con el Ministro de Justicia y Seguridad dela Provincia, Ricardo Casal».
«Los hemos denunciado también por asociación ilícita porque han actuado como banda, para perjudicar el erario provincial por un lado y por otro para perjudicar a todas las fábricas recuperadas: fíjense que con estos 101 millones se pagarían todas las fabricas recuperadas que nuclean a 8 mil obreros».
Asimismo, denunció que bajo el argumento de la falta de presupuesto, la política dela Provinciarespecto de las fábricas recuperadas siempre fue «dilatoria».
«Yo creo que estamos ante un acto de corrupción con una actitud, digamos, contraria a la de un funcionario público, que es defender los intereses del trabajo, de los recursos de la provincia y de la generación de una economía sana», concluyó Caro.
Télam
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