La normativa propone que los pases provinciales que tienen un año de validez para que las personas discapacitadas puedan viajar gratuitamente en el transporte terrestre público, posean la misma duración que el Certificado Único Nacional de Discapacidad, que tiene una vigencia cercana a los 10 años. Uno de sus impulsores, el diputado Walter Martello enfatizó que: “Esta medida busca facilitar la vida cotidiana y despreocupar de cuestiones burocráticas a las familias”.
En la última sesión de la Cámara Baja bonaerense aprobaron una Ley que unifica dos iniciativas presentadas por los diputados Walter Martello (CC-ARI) y Rodolfo Iriart (FpV). El proyecto en cuestión fue girado al Senado y modifica el artículo 22 de la Ley Provincial 10.592 que versa sobre el “Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas”.
En concreto, la modificación hace hincapié en que: “La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las personas discapacitadas y las características de los pases que deberán exhibirse, emitidos por la Dirección Provincial de Transporte. Dichos pases tendrán una validez equivalente a la reconocida por la legislación nacional o a la máxima validez prevista por el Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Nación”.
El diputado Walter Martello destacó que: “Si bien en territorio bonaerense se han realizado importantes avances orientados a eliminar o alterar las leyes que omitían o marcaban, según la circunstancia, desigualdades entre las personas, aún queda mucho por hacer. Por tal motivo, dicha reforma trabaja en ese sentido”.
En sus fundamentos la iniciativa resalta que actualmente, en Buenos Aires, se exige que las empresas de transporte terrestre trasladen en forma gratuita a los ciudadanos discapacitados, y a sus acompañantes según el caso, previa obtención de un pase concedido por la Dirección Provincial de Transporte bonaerense. El certificado provincial tiene una validez de un año y es obtenido presentando copia del Certificado Único Nacional de Discapacidad, que tiene una vigencia de 10 años.
La diferencia substancial se encuentra en que el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, otorga dicho Certificado Único de Discapacidad, acreditando plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional, cuya validez se extiende por un período determinado según “su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado”.
En esta línea, el titular de la bancada de la CC-ARI expresó: “La aprobación de este proyecto de ley es un paso sumamente importante para que los discapacitados puedan viajar libremente en Buenos Aires. A partir de esta norma los pases gratuitos para discapacitados tendrán la misma validez de duración que el Certificado Único Nacional de Discapacidad”.
Por último, Martello concluyó “facilitar la vida cotidiana y despreocupar de cuestiones burocráticas a las familias que cuidan de personas necesitadas de una atención especial es el objetivo de esta Ley”.
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