La Suprema Corte bonaerense suspendió los efectos de la reforma al Código Penal al considerar que puede ser “contraria” a la Constitución. El Gobierno buscará que haya sentencia definitiva
La idea de Daniel Scioli era impedir las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte de una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos en que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.
La norma modificatoria había sido promovida por el gobernador como una respuesta contra las llamadas entraderas, entre otros delitos, y ya durante su anuncio el mandatario parecía haber advertido que podía generar resistencias. «Sé que a veces algunos cuestionan iniciativas en este sentido, pero acá no podemos quedar bien con todos, tenemos que elegir todos los días, y elegimos estar del lado de las familias y de aquellos ciudadanos que quieren vivir en paz sin violencia», dijo entonces.
El máximo tribunal provincial confirmó este miércoles esas sospechas cuando se pronunció en contra de la Ley 14.434 –modificatoria del artículo 171 del Código Procesal Penal– hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La acordada de la Suprema Corte se dio en el marco de una demanda de inconstitucionalidad que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Fuentes judiciales explicaron que la decisión se adoptó al entender que la aplicación de la norma podría resultar «contraria a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales de rango constitucional».
La reacción oficial
El primero en referirse a esta decisión desde el sciolismo fue el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, quien había estado al frente de la defensa de esta medida. En declaraciones al portal BA Noticias sostuvo que “respetando la independencia de los poderes y la potestad que tiene la Suprema Corte”, se van a notificar “rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final”.
“Esta es una medida cautelar que suspende la aplicación de una ley que ha sido votada por la Legislatura”, indicó. Reiteró que la norma “responde al enorme reclamo social de poder desarmar a los delincuentes” y subrayó que “la propia Corte lo ha informado en sus estadísticas, en la Provincia creció el delito de robo con armas un 21 %”, y en ese sentido, argumentó que “era una herramienta legal para resolver esto”.
Infobae.com
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