Los gobernadores de Chaco, Entre Ríos y Misiones no están dispuestos a abonar los incrementos salariales pactados «bajo extorsión». Inquietud por la posibilidad de que los efectivos retomen las protestas que propiciaron los saqueos
La serenidad alcanzada tras el salariazo otorgado a las policías provinciales -negociado y acordado en diciembre pasado en un contexto de caos por diversos hechos de vandalismo- comenzó a mutar en intranquilidad luego de que gobiernos de tres provincias se mostraran reacios a cumplir lo pactado, por considerar que la paz se firmó bajo «extorsión».
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dio marcha atrás con el incremento salarial a la Policía de su provincia, amparado en un dictamen de la justicia,.
La decisión del mandatario provincial se basó en el análisis del procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, quien consideró que el acuerdo es «nulo e ilegítimo» y que fue «arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición».
A pesar de la anulación del acta que había incrementado el salario a 8.434 pesos de bolsillo, la fuerza entrerriana tendría un aumento, pero sería una decisión del Gobierno y no producto de una discusión entre las partes, a diferencia del resto de los sectores.
De esta manera, el mandatario entrerriano siguió los pasos de su par chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, quien sobre el epílogo de 2013 fue el primer líder provincial que se mostró en desacuerdo con cumplir lo que se había pactado, por considerar que la negociación se llevó a en medio de una extorsión.
Por el conflicto con la policía, en el Chaco se vivieron momentos de mucha tensión el pasado mes de diciembre
«En el Chaco son nulos los acuerdos, cualquier acuerdo firmado bajo presión de armas lo es nulo, dice la Constitución», justificó entonces el gobernador del Chaco, quien había sido respaldado por su antecesor y actual jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich.
«Yo hice la denuncia en la Procuración y en la Justicia para que se investiguen los hechos (de la revuelta policial). Hay más de 300 personas citadas por los acontecimientos. La mayoría de los que protestaron eran suboficiales y puede ser que sean imputados por el delito de sedición», apuntó Bacileff Ivanoff.
La tranquilidad también se diluye en Misiones, donde el gobernador Maurice Closs dio marcha atrás con la tasa de 99 centavos a la producción de yerba mate que se creó para afrontar los recientes aumentos a la policía provincial; para paliarlo, evalúa solicitar al Ejecutivo nacional que autorice un aumento en el precio de venta al público.
La suba otorgada durante las protestas de diciembre había dejado en 8.000 pesos el salario mínimo, pero con el desconocimiento del acuerdo finalmente quedó en 6.000 pesos. Esto podría generar una nueva serie de protestas similares a las de los efectivos que se autoacuartelaron en diciembre.
De hecho, en las ciudades entrerrianas de Concordia y Gualeguaychú, policías y sus familiares se movilizaron el viernes, como anticipo de lo que podría venir.
Infobae.com
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