Por: Juan Pablo Piscetta [email protected]
El Frente para la Victoria evalúa crear un organismo que regule el mercado granario. El último fue durante el gobierno de Carlos Menem, en 1991. Las propuestas
La pelea del Gobierno con las compañías cerealeras reactivó una vieja idea que cada vez es mejor vista en el oficialismo. La sed de dólares permitió que regresara el fantasma de la Junta Nacional de Granos, órgano agropecuario que funcionó hasta 1991, cuando fue eliminado por la presidencia de Carlos Saúl Menem.
La tarea de un organismo semejante apunta a la regulación y comercialización de cosechas. Principalmente, otorga mas poderes al Estado en materia de control de precios y manejo de las exportaciones. Claro está, detrás del comercio exterior del agro se esconden las divisas codiciadas por el Gobierno, necesarias para hacer frente a sus obligaciones internacionales.
«Tenemos que impulsar la creación de una Junta Nacional de Granos. No para monopolizar, sino para garantizar que el productor tenga la opción: o va a las cerealeras privadas, como ahora, o elige un camino a través de Coninagro o de las cooperativas, que en confluencia con el Estado le permitan hacerlo».
Las palabras son de Carlos Kunkel. El diputado nacional dijo ayer en una entrevista con el diario La Nación que la discusión «se viene conversando mucho en todas las reuniones y charlas políticas». Y cree que un proyecto de ley de esta índole «va a ponerse en marcha los próximos meses».
La agrupación de intelectuales kirchneristas Carta Abierta presiona también para que el Ejecutivo adopte una dirección más ofensiva. En su 15º texto de análisis de la política nacional, culpó por la devaluación de más del 20% al «puñado» de grandes empresas que «exportan más del 90% del grano, aceite y harina de soja argentinos» e intentaron imponer «un cepo financiero sobre el Gobierno».
La conclusión que sacó la usina kirchnerista tomó forma de reclamo: convocó a que las fuerzas del kirchnerismo se reagrupen para «avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior» que permitan ejercer la «soberanía» sobre las divisas. La propuesta es compatible con la instauración de una junta reguladora de granos, pese a que el think tank no dio mayores detalles al respecto.
Por un puñado de granos
Varias son las propuestas que estuvieron circulando al interior del oficialismo. Una de ellas fue la del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri que manifestó su voluntad de llevar al Congreso su propio proyecto de ley que permita «recuperar la comercialización» y «defienda al pequeño y mediano productor» y al «fomento a la producción de granos, cereales y carnes, junto con todas las economías regionales».
«A nadie escapa que un gobierno democrático, elegido por amplia mayoría, está hoy sujeto a un ataque especulativo que pretende minar y condicionar la voluntad de construir un país para los 40 millones de argentinos», dijo el mandatario kirchnerista en un comunicado.
La que tomó la delantera fue la senadora rionegrina Silvina García Larraburu. Presentó un proyecto el lunes pasado para reestablecer la institución creada por Juan Domingo Perón. El escrito establece el control de «todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos».
«También fiscalizará la producción -continúa el texto-, los embarques, y asesorará al Ejecutivo en la fijación de precios mínimos para las ventas al exterior, en la política cambiaria y en la impositiva, además de otras cuestiones vinculadas al sector». Además, establece que la comercialización de los granos en que deba intervenir la Junta «actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca».
Larraburu se contactó con Urtubey para consensuar un proyecto común. Diputados kirchneristas como Juan Carlos Díaz Roig, Andrea García y José Mongeló se inclinan a apoyar una regulación de los granos.
Otro grupo kirchnerista que agita el control granario es la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), integrada por productores, dirigentes, y profesionales vinculados a la actividad agropecuaria. La agrupación, que nació en 2008 durante el conflicto desatado entre las patronales agrarias y el Ejecutivo por la resolución 125, elevó sus ideas al titular de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y a Luis Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura.
A grandes rasgos, la propuesta plantea constituir «una empresa nacional de comercialización» de carácter mixto que sea «novedosa» y se diferencie de los modelos de «Canadá o Australia».
Campo abierto
Más allá de las intenciones de los diversos grupos del kirchnerismo, el debate no está cerrado y el camino no está exento de piedras. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió el lunes pasado que hay medidas en carpeta para regular los granos. Sin embargo, advirtió que el Estado no tiene la infraestructura -puertos, silos, barcos- que poseía la Junta del general Perón.
Pese a la discusión instalada, el Gobierno optó por la vía de la negociación con las cerealeras. Hace días pareció haber un paso adelante en la salida del conflicto, al comprometerse las exportadoras y oleagionosas a liquidar en febrero 2.000 millones de dólares. Del desenlace de esa pulseada dependerá que la administración kirchnerista adopte o no una estrategia más ofensiva.
Infobae.com
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