La Auditoría General de la Nación presentó su investigación acerca del controversial programa de construcción de viviendas ideado por Hebe de Bonafini. El Estado otorgó $1.295 millones para la adjudicación de menos de 900 viviendas, y se detectaron desvíos para cuentas de sus apoderados, Sergio y Pablo Schoklender, por $40 millones
La Auditoría General de la Nación presentó esta tarde un lapidario informe acerca de los desmanejos ocurridos en el programa «Misión Sueños Compartidos» de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que dirige Hebe de Bonafini, en el que advirtió sobre millonarios desvíos a cuentas de sus ex apoderados, Sergio y Pablo Schoklender, y las abultadas deudas que mantiene la asociación.
De acuerdo a la investigación, que abarca el período entre 2005 y 2011, el Estado nacional otorgó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo un total de $1.295 millones para el programa de construcción de viviendas sociales «Misión Sueños Compartidos», gerenciado por los hermanos Schoklender, que se tradujo en la construcción de 4.757 viviendas, de las que apenas 822 fueron adjudicadas.
Para el presidente de la AGN, Leandro Despouy, el manejo del dinero por parte de la organización dirigida por Bonafini fue «poco transparente» y denunció que «faltaron los controles» por parte del gobierno nacional para asegurarse la correcta aplicación de los fondos nacionales.
Como ejemplo de estas irregularidades, Despouy se refirió a millonarios desvíos hacia cuentas a nombre de los Schoklender, quienes justamente eran los encargados de manejar el dinero. El informe detalló pagos a Sergio Shocklender por un total de 23 millones, mientras que a Pablo Schoklender se le otorgaron 13 millones. La constructora que ambos tenían, Meldorek, recibió $ 4,4 millones. En ninguno de los casos el desembolso del dinero estuvo vinculado a gestión de obra que pudo ser probada.
La operación para hacer circular estos fondos de manera espuria se basaba en la emisión de cheques en montos menores o iguales a 50 mil pesos, dificultando el seguimiento de la ruta del dinero. La mayoría de las veces, indicó Despouy, Sergio Schoklender libró los cheques que beneficiaron a su hermano, y viceversa.
Además, la AGN constató «pagos a funcionarios públicos tanto a nivel nacional como provincial que tenían la responsabilidad de aprobar y controlar las gestiones relacionadas con las obras de la Fundación Madres de Plaza de Mayo».
El informe, que auditó construcciones realizadas en las provincias de Santiago del Estero y Chaco, la ciudad de Rosario, los distritos de Tigre y Ezeiza así como la Villa 15 en Capital Federal, también denuncia la falsificación de documentos –especialmente la firma de titulares de ONG que iban a ser beneficiadas– y las fallas en los mecanismos de adjudicación de las viviendas, que dieron a lugar «arbitrariedades y clientelismo», según Despouy.
Según la AGN, «la falta de un seguimiento sistematizado de las familias a las que se les ha asignado una vivienda, sumado al carácter de preadjudicación por falta de aprobación del Plano Catastral definitivo, impide conocer si la familia beneficiaria es la ocupante de la vivienda».
Otro de las observaciones del peritaje hizo hincapié en la deuda que mantiene la fundación con el personal que trabajó en las construcciones, que asciende a $146.9914.365, entre pago de haberes y aportes previsionales. La AFIP le otorgó a Bonafini un plan de facilidades de pago de 108 cuotas para regularizar la situación, pero, hasta la fecha, ninguna cuota fue abonada.
El informe fue firmado por los siete miembros de la Auditoría General de la Nación, los doctores Leandro Despouy, Vicente Brusca, Alejandro Nieva, Horacio Pernasetti y Francisco J. Fernández, la contadora Vilma Castillos y el contador Oscar Lamberto.
Texto: Rodrigo Duarte / [email protected]
Comentarios de Facebook