Se resuelve conflicto de tierras de comunidades indígenas de salta

Un conflicto histórico por la titularidad de 640 mil hectáreas fue resuelto positivamente en favor de 71 comunidades aborígenes y 382 familias criollas de la provincia de Salta, tras la firma de un decreto por parte del gobernador de esa provincia, Juan Manuel Urtubey, redactado en el marco de la mesa de trabajo integrada por los gobiernos nacional y provincial, y representantes de las comunidades en conflicto.

El decreto, una propuesta del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, regulariza la propiedad de los lotes 55 y 14 ubicados en el Departamento de Rivadavia de la provincia de Salta, y reconoce la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas para pueblos Toba, Tapieta, Wichí, Chorote y Chulupi, y 240 mil para las familias criollas. En el anexo I, el escrito individualiza a las comunidades indígenas propietarias de la tierra, y en el anexo II, a las familias criollas.

Esta solución del conflicto más grande del país por la propiedad de la tierra se da tras dos años de trabajo de la mesa interministerial, coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara al Estado argentino resolver este histórico conflicto.
El caso se inició en el año 1998 con una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat, ante la CIDH.

En el año 2012, este organismo internacional dictó el Informe 02/12 sobre el fondo del asunto, en el que determinó que el Estado argentino es responsable internacionalmente por la violación de los artículos 21 (derecho de propiedad); 8 (garantías judiciales); 25 (protección judicial); 13 (derecho de acceso a la información); y 23 (derecho de participación) reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno); en perjuicio de los peticionarios.

Luego del dictado del Informe Nº 02/12, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH, se conformó la mesa de trabajo, a instancias de esta Secretaría de Derechos Humanos, integrada por autoridades y funcionarios nacionales y provinciales.

En ese ámbito, se llevaron adelante diversas reuniones de trabajo en las que se han debatido exhaustivamente los alcances del informe de fondo y las recomendaciones de la CIDH, arribándose a un consenso acerca de la adopción de una multiplicidad de cursos de acción: visitas de trabajo al territorio encabezadas por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y autoridades de la Provincia de Salta, a fin de dialogar con los pobladores locales y verificar los avances del proceso de regularización; mayor intervención de la CIDH en el caso, con la realización de dos visitas de trabajo a la Provincia de Salta, una en mayo de 2013 y otra en mayo de 2014; participación activa de las distintas agencias del Estado que intervienen en el caso; diálogo continuo con los peticionarios y sus representantes; confección de informes conjuntos entre Nación y Provincia sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones para ser presentados ante la CIDH.

Foto: El Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, durante su visita al departamento de Rivadavia, Salta, en mayo pasado, para Verificar los avances de la regularización de las tierras.