El 2 de octubre de 1984 el gobierno de Raúl Alfonsín decide que las causas contra las juntas militares que se sustanciaban en los tribunales militares, pasen a la justicia civil. La medida, que respondía a la necesidad de agilizar los juicios, demorados intencionalmente por los jueces militares, dará inicio a un proceso que, conocido en el habla popular como «El juicio a las juntas», conmocionará a la sociedad argentina, habituada a la impunidad de los poderosos.
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