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La Justicia hizo lugar al pedido de una empresa sampedrina y dictó un fallo que suspende la aplicación de la ordenanza sancionada en la vecina ciudad. El abogado Benito Aldazabal representó a la firma y pidió la declaración de inconstitucionalidad de esa norma. El antecedente pone en debate la legitimidad de la ordenanza.
La Jueza en lo Contencioso Adminsitrativo María Isabel Fulgheri dictó una medida cautelar anticipada que suspendió para el caso de una empresa sampedrina la aplicación de la ordenanza sancionada en Baradero mediante la que se exigía a los distribuidores no asentados en esa ciudad el pago de un canon de 5 mil pesos.
La firma sampedrina Sigismundi S. A., bajo el patrocinio del abogado Benito Aldazabal, objetó la constitucionalidad de esa norma al tiempo que pidió la medida cautelar anticipada que ordenó la «suspensión o inaplicabilidad» de la ordenanza hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El Concejo Deliberante de Baradero aprobó una polémica ordenanza que promulgó el Intendente Carossi mediante la que se exige a los distribuidores de mercaderías el pago de un canon de 5.000 pesos mensuales si carecen de local o depósito en ese distrito.
En caso de no pagar, se les prohibiría el ingreso a la ciudad, lo que fue calificado de inconstitucional por la empresa sampedrina que interpuso el recurso ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y sentó un precedente que servirá para el resto de las empresas damnificadas por la ordenanza.
«Tiene que pagar cinco mil pesos mensuales, teniendo en cuenta que hoy un distribuidor de Baradero tiene que pagar unos tres mil pesos en tasa de seguridad e higiene, entonces si el de Baradero aporta como no va a aportar el que viene de afuera», había dicho el Secretario de Gobierno, Leonardo Peris, en declaraciones a FM Génesis.
El funcionario del Gobierno de Carossi había ahondado en el tema: «Encima se lleva los recursos, nosotros siempre hemos tratado de defiende el comercio local y que no tengan una competencia desleal en nuestro distrito».
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