La justicia falló en primera instancia contra el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene por parte del municipio de Berazategui. Puede sentar precedente para que se elimine este «impuesto» en el resto de los municipios
La Justicia bonaerense, en primera instancia, avaló a un comerciante de Berazategui que dejó de pagar la Tasa de Seguridad e Higiene que cobra el municipio. Es por entender que este tipo de cobro, por no entender una contraprestación inmediata está catalogado como impuesto y no puede ser cobrado por una intendencia sino por el gobierno provincial o nacional.
El fallo es del Juzgado Contencioso Nº 1 de Quilmes y además de evitar el cierre del local comercial a través de una medida cautelar, obligó al municipio local a reembolsar el pago de la tasa con un retroactivo de 10 años, según señaló el abogado Pablo Dono, impulsor de la queja ante la Justicia.
Otro caso testigo es el denominado impuesto a la nafta que cobran los alcaldes massistas. En verdad es una tasa de vialidad pero todavía se está esperando un fallo determinante de la justicia aunque ya tiene todas en contra. Lo cierto es que de avanzar esta iniciativa judicial, los intendentes del Frente Renovador no serían los único complicados.
Pablo Dono, Socio Director del estudio Dono Abogados & Asociados, dio fundamentos del fallo y adelantó que puede convertirse en un caso que siente jurisprudencia. Es que según recopiló BAE, en el sistema impositivo argentino, existen tres categorías de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. Sólo el ámbito nacional y, en casos, los provinciales tienen potestad de cobrar impuestos, sin contraprestación y que surjan de la relación con los ingresos del sujeto de imposición. Pero los municipios sólo pueden cobrar tasas con una necesaria contraprestación.
Más allá de reclamo puntual de los vecinos, el caso está fogoneado por grandes empresarios que siguen pagando tasas que los Municipios cobran en sus distritos.
“Para las municipalidades, la creación de la TSH fue un pretexto más para amortiguar el pacto de coparticipación federal, con una tasa absurda que se aplica en montos confiscatorios por un servicio inexistente”, explicó el letrado.
Para el abogado, esto es el comienzo de una serie de acciones que se van a ir repitiendo para poner en jaque a las municipalidades y llevarlas a replantear su estrategia de recaudación ya que los miles de contribuyentes recuperarían los montos indebidamente abonados.
De hecho, según planteó Dono, esta serie de repetición hará que los municipios empiecen a trabajar en un federalismo fiscal real y necesario, con organismos estatales competentes.
Infocielo
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