La problemática de la violencia a la mujer trabajadora atraviesa nuestra ciudad. Hemos tenido trascendidos que ya son más las denuncias por acoso, violencia de género e intrafamiliar que las denuncias por delitos comunes.
Los casos de violencia familiar, abusos, femicidios, y la perfecta tutela de la “bonaerense” con las redes de trata, arrojan datos escalofriantes. En la provincia de Buenos Aires, la tasa de femicidios cada 100.000 habitantes es de 0,57; comparativamente en Jujuy es de 1,2 y en la ciudad de Buenos Aires es de 0,34. Según un informe actual, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con más crímenes de mujeres.
Pero la violencia a la mujer no se limita aquí. El vaciamiento estatal en educación, salud, desarrollo social, y la precarización laboral, atraviesa la realidad de la mujer trabajadora en la provincia. Los datos estadísticos a nivel nacional arrojan que los salarios son en promedio un 36% más bajos que los hombres en las mismas tareas y la tasa de desempleo es del doble. Pululan entre las mujeres el trabajo informal, y son el principal sostenimiento de los talleres clandestinos de las grandes firmas textiles.
La mano de obra de las cooperativas del Argentina Trabaja, y programas municipales similares son en su mayoría mujeres, son sueldos de $2100 sin estabilidad laboral, ni los aportes patronales correspondientes.
Desde el gobierno provincial de Duhalde, las trabajadoras del estado han perdido el día femenino, se acortaron las licencias por maternidad y lactancia a la mitad, y en la docencia nunca ha existido el derecho a jardines maternales, para sus hijos.
La política de vaciamiento ha llevado a la eliminación de la ayuda psicológica del 0800 para atender a mujeres víctimas de violencia, en la secretaria de Derechos humanos de Guido Carlotto. Los programas sociales de emergencia habitacional y de medicamentos, del Ministerio de Desarrollo Social fueron excluidos, la política social de Scioli, subsiste pobremente, con el plan más vida de $280 para leche y alimentos, becas y planes de hambre.
Se cierran los servicios de maternidad en los centros de salud, las mujeres de la provincia se quedan sin la atención ginecológica y obstétrica teniéndose que trasladar a otros distritos o a Capital Federal. Una política vaciadora del sistema de salud estatal que solo beneficia a las corporaciones médicas privadas.
Desde el oficialismo, pasando por el centroizquierda de Stolbizer, hasta el massismo, existe un pacto con la iglesia católica, para impedir la legalización del aborto, seguro y gratuito. El gobierno se ufana de votar una ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable que no cumple. El derecho a la maternidad le es negado a la mujer trabajadora bonaerense. El mismo Estado hostiga y criminaliza a la mujer que decidió no ser madre, es el mismo que no garantiza las condiciones cuando elige serlo.
Se criminaliza a la mujer que quiere/necesita abortar, obligándola a tratar de resolverlo por la vía clandestina. Uno de los casos más resonantes fue el de la nena de 13 años de Moreno que fue expuesta públicamente por el propio ministro de salud de la provincia Roberto Collia.
El sistema judicial: cómplice de las redes de trata, la violencia y la impunidad
Los casos de Sandra Ayala Gamboa, Rocío Girat, el cuádruple crimen en La Plata, Yanina González y el caso Iara entre otros, han contado con el amparo judicial para violadores, responsables políticos, y elementos de la policía bonaerense.
Detrás de varios casos de femicidio se encuentra toda una trama de red de tratas, que la falta de investigación por parte de la justicia termina por encubrir, amparada por todo el arco político patronal. En nuestra ciudad, esto se evidencia con los crímenes de Analía Ledesma, Marisol Perez y varios más.
Los datos del Observatorio de Violencia de Género bonaerense, señalan que entre fines de 2012 y fines de 2013 hubo 336 víctimas de casos de violencia de género por día en la provincia. Solo el 30% de estos casos llegaron a resolverse en la justicia. El resto de las causas están paralizadas o archivadas. El proceso judicial debe ser sostenido por la víctima, no solo el costo económico, además la mujer debe presentar los testigos, las pruebas, hacer los trámites, y ratificar la denuncia todo el tiempo. La mayoría de las mujeres se cansa y abandona. Probablemente muchas de ellas terminen siendo futuras víctimas de femicidios, gracias a este sistema judicial pérfido.
La Ley provincial de violencia familiar 12.569, que implementa la creación de ”casas refugios”, no existe. Pues el sostenimiento de estas casas depende de “los recursos de la comunidad”. El gobierno provincial deja librado a los municipios la implementación de este Programa a los municipios. Así mismo, la admisión en estas casas se realizará luego de engorrosos trámites y solo si en la entrevista de admisión se verifica “el riesgo de vida”.
Cuando se trata de un miembro de una institución represiva, esta vocación absolutoria se redobla, como lo demuestra en tantos casos como el de Iara Carmona. El fomento del ataque contra las mujeres es una herramienta de control social muy preciada. Este preciado instrumento es el que construyen la Iglesia, el Estado y sus defensores políticos cuando se antepone la defensa de la familia, aunque en ella se cometan los peores atropellos. En doce años de gobierno el kirchnerismo no ha tomado ni una sola medida efectiva para reducir la violencia dentro de las familias, y la Justicia actúa como un escudo de contención en favor de la violencia contra la mujer.
Sábado 11/04 – 18:30Hs – Salón HCD
Diserta: Rosalía Rodas Militante del Plenario de Trabajadoras – Partido Obrero + Independientes.
Convoca: Partido Obrero en el Frente de Izquierda Baradero
VENI A DISCUTIR TUS PROBLEMAS, TENEMOS QUE DARLE UNA SALIDA DE CONJUNTO. TE ESPERAMOS!
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