Ola de delitos, aprietes a políticos y denuncias de complicidad policial coinciden con la intención de reformar a la Fuerza. La preocupación de María Eugenia Vidal por el control de los uniformados.
Por Nicolás Lucca. Una torpeza tras otra en la búsqueda de tres prófugos por parte de la policía, robos sospechosos a políticos con uniformados implicados, patrulleros abandonados por falta de repuestos, un intento de secuestro al hijo del ministro, amenazas de huelga y una gobernadora que prefiere depositar su confianza en la custodia de la Policía Metropolitana. La bonaerense hace décadas que no es noticia por otra cosa que por sus reformas, contrareformas, purgas, escándalos, mafias enquistadas y situaciones que generan en la sociedad cualquier tipo de sentimiento, menos el de seguridad.
Desde que el gobierno de María Eugenia Vidal decidió intentar el imposible de controlar a la ingobernable policía bonaerense, la situación no sólo no mejoró sino que existen sobradas sospechas de que la reciente ola de secuestros que afecta principalmente a la Zona Oeste del conurbano bonaerense, es un mensaje hacia la Gobernadora, lo cual fue desmentido por el Ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, quien sostiene que “no existen elementos para sospechar que la propia policía quiera desestabilizar” a la gestión Vidal. “Un sólo secuestro es terrible”, sostuvo el ministro al recibir a NOTICIAS en su despacho de la ciudad de La Plata, y agregó que “si bien hay un 24% menos de hechos en comparación al año pasado, lo cierto es que las estadísticas sirven para trabajar, no para tranquilizarnos, porque no tiene que haber ni un sólo secuestro”.
Fuentes de organismos nacionales que se encuentran preocupadas por la situación provincial, sostienen que la situación delictiva de Buenos Aires no se debe a la “mano de obra desocupada”, en referencia al personal policial que fue expulsado de la fuerza, sino que vendría de adentro, de los que están en actividad y quieren “marcar la cancha” a la nueva gestión.
Si bien desde el entorno de Ritondo afirman que no hay “mensajes directos” desde la fuerza, sí reconocen que pueden llegar a recibir algún “vuelto” en función de los intereses que se tocaron desde el 10 de diciembre de 2015. La disolución de los Centros de Prevención Comunitaria creados por la gestión Daniel Scioli en 2014, se presentó como una cuestión de mejora operativa, aunque por lo bajo se desliza que era una gran fuente de recaudación policial. A esta “caja perdida”, se suma la supresión de catorce superintendencias –la máxima unidad organizativa dentro de una fuerza policial– con lo que bajaron la cantidad de superestructuras de un insólito 40 a 26, el cual sigue alto en comparación con otras fuerzas de seguridad federales o provinciales. El número de Jefaturas Departamentales también se redujo de 74 a 32, y se devolvió el poder de patrullaje a las comisarías, las cuáles no podían determinar las prioridades de sus jurisdicciones.
Sin embargo, la reorganización no es lo único que tiene preocupados tanto a los policías como a los funcionarios públicos: el riesgo de una medida de fuerza por parte de un sector de la Bonaerense en reclamo de mejoras salariales tuvo en vilo a la Provincia hasta bien entrada la tarde de este jueves, cuando Ritondo se vio obligado a anunciar el aumento del 25% que tenía planeado dar a conocer recién a fines de la semana entrante, cuando estuvieran cerradas las negociaciones paritarias de otros sectores del Estado provincial.
Vueltos. En medio de la implementación de esta profunda reforma orgánica, se sucedieron hechos inexplicables desde la casualidad: amenazas, intentos de secuestros a hijos de funcionarios y –quizás el hecho más grave– el robo a la casa del flamante intendente de La Plata, Julio Garro.
El 2 de marzo un grupo de delincuentes ingresó a plena luz del día a la vivienda familiar de Garro dentro del country Grand Bell en las afueras de La Plata. Allí maniataron a su esposa, a sus cuatro hijas, a la cuñada y a los tres hijos de ella. Garro no se encontraba en el domicilio. Un vecino del country terminó detenido luego de que los videos de seguridad lo mostraran señalando la vivienda a los malvivientes. En el allanamiento en la vivienda del facilitador se encontraron diferentes variedades de metanfetaminas –extasis, cristal, entre otras– y cocaína. Además se secuestraron armas, un Volkswagen Scirocco, cuyo precio de mercado ronda los 700 mil pesos, una camioneta Mercedes Benz de un millón de pesos y un Citröen C3. Y si el poder adquisitivo de un detenido de tan sólo 32 años no llamó la atención por tratarse de un narco, sí lo hizo su trabajo en blanco: se trata del Subteniente de la Policía Bonaerense Patricio Masana.
La situación ameritó una profunda investigación para determinar si Masana se comportó de manera individual o si, en cambio, se trató de algo coordinado para “marcar la cancha” desde la propia policía. Si bien nadie se atreve a arriesgar públicamente lo contrario, lo cierto es que el ministerio de Seguridad comandado por Cristian Ritondo pasó a disponibilidad al titular de la Comisaría 1ra de La Plata, dependencia donde Masana prestaba servicios, hasta que la investigación determine si tuvo algo que ver o no.
Casualmente, uno de los puntos de la reforma impulsada por Ritondo incluye la presentación de declaraciones juradas para los cargos jerárquicos del personal policial. Allí esperan encontrar otro gran número de incosistencias patrimoniales que permita direccionar el criterio a la hora de desafectar personal y ponerlo a disposición de la Justicia.
Sin embargo, la mayor preocupación se encuentra en el entorno de María Eugenia Vidal. Luego de una serie de amenazas nunca blanqueadas o minimizadas –”son las típicas amenazas inocuas que te dejan en las redes”, afirman en el entorno de la gobernadora– Vidal accedió a lo que nunca quiso: dejar su barrio en Morón. Instalada en la base de la Fuerza Aérea con sus hijos, la gobernadora ve cómo toda la normalidad que quiso mantener para su familia desapareció en días y hoy se mueve en helicóptero e hípercustodiada tanto ella como su entorno.
Terapia intensiva. La situación de la fuerza de seguridad más antigua del país es delicada. El gobierno entrante ordenó una auditoría general, la que cual aún se encuentra en desarrollo pero que ya arrojó los primeros resultados. Las principales deudas del ministerio son con los proveedores de insumos vitales para el funcionamiento policial: chalecos antibalas, combustible, repuestos automotores, municiones, uniformes. A todos se les adeudaba los últimos seis meses de la gestión Scioli y una alta fuente gubernamental no tuvo dudas al señalar que “parte de la campaña presidencial del exgobernador se financió desfinanciando a la Policía”.
La foto de Scioli junto a Granados con los más de 20 mil policías que incorporaron a las fuerzas en medio de la campaña electoral también tendrá su costo a largo plazo. Primero, en el proceso de admisión de los aspirantes a policías no se realizaron informes socioambientales. Segundo, el porcentaje de egreso fue del 93%, quedando el 7% para desertores de motu propio. Históricamente, el nivel de egresados se mueve entre el 25 y el 30% de los inscriptos, producto de los diferentes filtros aplicados: socioambientales, capacidad intelectual, exámenes psicofísicos.
Un número no precisado de las armas secuestradas en robos mostró que una cifra preocupante de pistolas pertenecientes a la fuerza policial en manos de amigos/familiares de oficiales recientemente ingresados. Si bien es algo que ha ocurrido históricamente en todas las fuerzas, la frecuencia detectada en los últimos meses encendió las alarmas.
Barajar y dar de nuevo. Vidal y Ritondo dicen aspirar a que los cambios policiales no se limiten sólo a purgas y eliminación de cargos. “Tenemos la intención de volver a la figura del viejo comisario del barrio, ese que la gente conoce, al que pueden recurrir”, sostiene Ritondo, y adelanta que se encuentran en curso el desarrollo de capacitaciones de las fuerzas bonaerenses a cargo del FBI y la DEA norteamericanas –fuerzas federales de investigaciones y lucha contra el narcotráfico, respectivamente– además de convenios con España, Italia y la ciudad de Medellín.
Cómo será la transición para que una policía desfinanciada, ostentosa, sin capacidad de acción y donde un joven oficial puede dedicarse a los negociados narcos y llevar una vida de lujo sin ningún pudor, se convierta en una fuerza a la altura de quienes vienen a capacitarlas, es un misterio que sólo se sabrá más adelante. Por el momento, sólo resta esperar que cada caso sospechoso se trate de algo aislado –como transmiten las autoridades provinciales– y no que estemos presenciando la réplica a una nueva reforma fundacional como las encaradas en cinco oportunidades en menos de veinte años.
noticias.perfil.com
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