Para hacer frente a la escalada de violencia que tienen como víctimas a docentes, el gobierno bonaerense impulsa un proyecto de ley que contempla penas de hasta 60 días de cárcel y sanciones económicas de hasta $ 30.000 para familiares de alumnos que maltraten, insulten o agredan a docentes y no docentes en el ámbito de escuelas públicas y privadas provinciales.
«Nos están quemando escuelas, que fueron un lugar sagrado. Antes, al guardapolvo blanco de un docente, al igual que al del médico, se lo respetaba. Pretendemos que se sepa que hay un Estado al que le interesa que se juzgue la agresión», subrayó el director general de Educación, Alejandro Finocchiaro.
Las sanciones, dice el proyecto, se aplicarán a «la persona que, invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo al que éste concurre, o en sus inmediaciones, realice cualquiera de las siguientes acciones: hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no».
Incluye a quien «insulte a un trabajador de la educación o provoque escándalo, ejerza actos de violencia, arroje contra un docente o no docente, o contra un bien de utilidad educativa, elementos de cualquier naturaleza, ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal, o perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa».
La sanción «se duplicará si las acciones descriptas se cometan frente a alumnos». La norma prevé arrestos de 5 a 30 días, o multas de entre el 50 y 100% del haber mensual del oficial subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía provincial ($15.000).
La Nación
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