La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, presidida por Manuel Mosca, aprobó y mandó al Senado para su sanción la ley de adhesión al consenso fiscal firmado el 16 de noviembre último entre el presidente de la Nación, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue votado por Cambiemos; el Frente Renovador, Convicción Peronista y Unidad y Renovación Peronista; votaron en contra, Unidad Ciudadana y el monobloque del FIT.
Justamente, las exposiciones a favor del oficialismo estuvieron a cargo de Marcelo Daletto, y el jefe de la bancada, Maximiliano Abad; Juan Debandi, Juan Carlos Haljan, Florencia Saintout, y Walter Abarca, fundaron el voto negativo de Unidad Ciudadana. Guillermo Kane, el de la izquierda.
Julio César Pereyra, titular de la bancada de Unidad y Renovación Peronista, y Valeria Arata, del Frente Renovador, hablaron para sentar su respaldo a la iniciativa.
Entre otras cifras, Daletto dijo que la Provincia de los 650 millones de pesos que se le dieron en 2016, en el 2018 recibirá 40 mil millones y en el 2019, 65.000 millones de pesos.
El acuerdo entre el Presidente y los gobernadores contempla una serie de compromisos asumidos por los firmantes con miras a “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones a fin de promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico y la promoción de políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común”.
Por ese consenso, las partes acordaron una “solución integral y realista” a los más de 50 conflictos judiciales suscitados entre ellas, vinculados a la distribución de impuestos nacionales, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones, con miras a emprender un diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
En el proyecto que giró a la Legislatura la gobernadora María Eugenia Vidal, señaló que, por lo firmado, la provincia de Buenos Aires resultará compensada, con el resto de las demás jurisdicciones firmantes, por la derogación del artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias, como también por el cambio de destino de la afectación específica del tributo sobre los créditos y débitos bancarios contenidos en la ley 25.413.
La recuperación de los fondos provinciales
Para el gobierno provincial y los que apoyaron la adhesión de hoy, la solución expuesta busca terminar con la “injusta situación en la que se encuentra la Provincia frente al resto de las jurisdicciones, respecto del mencionado impuesto a las ganancias”.
Además, se recuerda que con el actual régimen de Coparticipación Federal (ley 23.548), Buenos Aires perdió seis puntos de su coparticipación si se considera la recibida en virtud de la ley 20.221. Esa asimetría fue corregida parcialmente en 1992 con el establecimiento del entonces Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano bonaerense, en que se le dio el equivalente al 10 por ciento del producido de dicho impuesto.
Sin embargo, en 1995, se determinó el congelamiento de la participación bonaerense en ese Fondo, asignando al referido 10% un tope fijo de 650 millones de pesos, lo que provocó una acelerada y progresiva caída en términos relativos del monto percibido por la Provincia.
En ese contexto, señalan los fundamentos del proyecto remitido por el Ejecutivo, sucedió que la Provincia en agosto de 2016 cuestionó la constitucionalidad de ese artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias, en demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Frente al cambio de panorama que originará el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en la firma de este Pacto Fiscal, la demanda provincial será desistida acerca del resarcimiento vinculado con el mayor ingreso recibido por las demás jurisdicciones que refrendaron el consenso.
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