El abogado de Silvina Sampol, exconsejera escolar electa por Cambiemos en la lista que encabezó el intendente Cecilio Salazar, solicitó acordar en jucio abreviado una condena máxima de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la causa en la que está acusada por venta de drogas.
A través de ese acuerdo, firmado con el Fiscal Marcelo Manso, el defensor particuar de Sampol, Hugo Lima (h), prestó conformidad respecto de la calificación legal de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización» y de la pena máxima de cuatro años, sin que deba ser sometida a juicio oral y público.
La docente acusada debe ratificar lo convenido en una audiencia, tras lo que el Juez tendrá cinco días para dictar sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria, puesto que el trámite abreviado «no lo exime de realizar un análisis íntegro de las pruebas de la causa, de evaluar y decidir el correcto encuadre jurídico que la conducta merece y finalmente de absolver o condenar según corresponda».
Como el juicio abreviado «exige la conformidad del imputado respecto de la calificación legal y el monto de pena propuesto por el fiscal sobre la base de una hipótesis de hecho y autoría que deberá ser comprobada», el abogado de Sampol todavía tiene esperanzas de que no tenga que ir presa.
«Esto significa que yo pacto con el fiscal una calificación y una pena. Ella va a ser juzgada con los elementos que hay en la causa, si son suficientes para condenarlas, ella va a cumplir una pena de cuatro años. La diferencia con el oral y público, es que aquí no hay debate», explicó Lima a La Opinión.
«El juez debe dictar pronunciamiento, que puede ser absolutorio o condenatorio, en caso de condena, tenemos la garantía de que no podrá ser mayor a lo acordado», señaló y sostuvo que «no implica ningún reconocimiento, sino la utilización de un sistema de terminación de proceso por otra vía. No es que reconoce culpabilidad, lo que pasa es que la mayoría de este tipo de juicios abreviados terminan en condena».
Consultado acerca de por qué decidió prestar conformidad y proponer un trámite abreviado, señaló: «Lo firmé porque me pareció que en el contexto de un secuestro (de drogas) tan grande, siendo que realmente el dueño de la droga era Ulises Fernández, quizás la absuelvan». Lima dijo estar «convencido» de que Sampol no tenía nada que ver con las drogas.
«De alguna manera quise asegurar un resultado, porque el efecto arrastre de la futura condena de Ulises Fernández podría afectar a esta, entonces consideré mejor asegurar el resultado con un abreviado, y en caso de condena podré apelar en Casación y eventualmente en la Corte», agregó y graficó: «En estas cosas uno tiene que elegir: prefiero cortar una pierna a que el paciente se muera».
Silvina Sampol fue detenida el domingo 7 de febrero de 2016, cuando la Justicia llegó a su casa con una orden de allanamiento en busca de su entonces pareja, Ulises Fernández, único sospechoso del asesinato del viverista Ariel Gomila en Espinillo, hecho que ocurrió el sábado anterior.
En su casa encontraron 1,2 kilos de marihuana compactada, 54 gramos de cocaína y unos 30 mil pesos que el fiscal entendía eran producto de la venta de drogas. Por ello, ese día la detuvieron imputada por comercialización de estupefacientes.
Sampol estuvo detenida 40 días en una Comisaría de Ramallo, hasta que su abogado, Hugo Lima (h), logró que el Juez de Garantias cambiara la carátula de su acusación a «encubrimiento agravado». Sin embargo, Manso mantuvo la acusación por «narcodocente» y, con los elementos de prueba reunidos, pudo elevar la causa a juicio por el delito de venta de drogas. Mientras estuvo presa, el Consejo Escolar la suspendió de sus funciones. Luego ella decidió renunciar al cargo.
a docente había asegurado que no sabía nada acerca de la presencia de esa droga en su casa y que el dinero era suyo, producto de unos créditos que había solicitado. En efecto, no percibía en mano su salario docente, ya que tenía deudas importantes con la tarjeta de crédito y todo lo que le depositaban era acreditado en la cuenta con Visa.
Su versión acerca de que el dinero era de créditos personales no convenció a la Justicia, que certificó que los había obtenido “cinco meses antes, con tasas altísimas”. Por ello, Manso se preguntó: “¿Quién va a sacar un crédito para guardarlo?
Para la liberación de la todavía consejera escolar –la habían separado del cargo y renunció apenas salió del calabozo–, Lima aportó testimonios de amigas que aseguraron que el amor que profesaba por Ulises Fernández podía llevarla a no prestarle atención a las posibles actividades ilícitas que aquel desarrollara. Pratti accedió y cambió la carátula a “encubrimiento agravado”.
En diciembre de 2016, Manso consideró finalizada la instrucción de la causa y la elevó a juicio, con la acusación original: tenencia de drogas con fiines de comercialización. Tres meses más tarde, Ulises Fernández era detenido tras permanecer más de un año prófugo.
La Justicia entendió que Fernández y Sampol debían ser juzgados juntos. Él por el crimen de Gomila, la venta de drogas en San Pedro y en el conurbano, puesto que de las escuchas telefónicas grabadas mientras estuvo evadido surge que con el producto de ese delito se mantenía. Ella, por «narcodocente».
Preso en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, Ulises Fernández se comunicó con La Opinión para defenderse. En esa oportunidad dijo que la droga que había en la casa que compartía con Sampol era suya y que la había comprado con unos amigos, para distribuirla en partes iguales y para consumo personal.
La firma del juicio abreviado por parte de la exconsejera escolar de Cambiemos, que allana el camino para una eventual condena, podría perjudicarlo. Si la acusación de que la cocaína y la marihuana secuestrada en aquel allanamiento era para vender queda confirmada por el juez, Ulises Fernández estará en problemas.
La Opinión Semanario
Comentarios de Facebook