Luego de un tratamiento en simultáneo en ambas Cámaras, legisladores convirtieron en ley el Presupuesto bonaerense para el año próximo, la Ley Impositiva, la autorización para tomar deuda y la reducción del presupuesto de la Legislatura.
Se realizó la primera sesión de carácter extraordinario y comenzó con la sanción de la modificación del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para garantizar que los Concejos Deliberantes comiencen a sesionar cada primero de marzo y lo hagan hasta el último día de noviembre, al igual que la Legislatura provincial.
A partir de esta modificación, propuesta por el senador Walter Lanaro, se adelanta un mes la apertura de sesiones de los cuerpos deliberativos comunales, que hasta ahora lo hacían el primero de abril de cada año.
A continuación se sancionó un proyecto del diputado Maximiliano Abad –aprobado primero en la Cámara baja y luego en el Senado- que instituye una reducción de la fracción del Presupuesto correspondiente a la Casa de leyes. De esta forma, se pasa del 1,2 % al 0,9 % y se traduce en un ahorro de 2.800 millones de pesos para las arcas de la Provincia.
Luego, los legisladores y legisladoras se dedicaron al tratamiento de las leyes, pedidas por el Ejecutivo para la ejecución presupuestaria de 2019. En ese marco, el diputado Marcelo Daletto, como miembro informante del oficialismo, repasó las características de la denominada Ley de Leyes y resaltó virtudes como la reducción de la presión tributaria, la reducción del costo fiscal y la incorporación de impuestos nuevos como el que se aplicará a las máquinas tragamonedas.
En ese sentido, el referente de Cambiemos explicó: “Este Presupuesto está formulado en un contexto de crisis del país; lo normal en una crisis es aumentar impuestos y este Presupuesto no lo hace”.
Daletto también celebró el intercambio con los bloques opositores y remarcó que “es una ley de consenso, porque entró un Presupuesto bueno y, gracias al aporte de la oposición, salió uno mejor”.
Con críticas al proyecto se manifestaron la diputada Florencia Saintout y sus pares Avelino Zurro, Walter Abarca y Guillermo Kane. Así las bancadas de Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se pronunciaron en contra de los tres proyectos que inciden en la vida económica de la provincia de Buenos Aires.
Saintout aseguró que “uno podría preguntarse cómo va a hacer el gobierno de la provincia para garantizar la compra de insumos que están dolarizados, cómo va a hacer para garantizar las clases”.
A su turno, la diputada del Frente Renovador Valeria Arata marcó una diferencia entre las tres propuestas legislativas. En nombre de su bloque acompañaron el endeudamiento y la Ley Impositiva, pero votaron en contra del Presupuesto 2019 con la siguiente aclaración: “En consonancia con nuestros diputados nacionales vamos a votar en contra del Presupuesto porque entendemos que no habla de las necesidades de los bonaerenses”.
Luego de las intervenciones del caso, se llevó a cabo una votación nominal que convirtió en ley -por más de dos tercios- la toma de deuda por parte del Ejecutivo para el año entrante.
Por otro lado, se declaró de interés provincial la atención de la ludopatía. La propuesta de la diputada Liliana Denot procura un abordaje integral para las personas con adicción a los juegos de azar. En este caso, la iniciativa pasó al Senado, donde continuará su tratamiento.
Igual destino tuvo un proyecto del diputado Federico Otermín que establece la eliminación de la multa -al entenderla como “excesiva”– que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) cobra a los municipios que se demoran en la presentación de la declaración jurada requerida en la Ley 6.982.
Asimismo, fue aprobada y girada al Senado una iniciativa de la diputada Blanca Cantero que tiene por finalidad la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores en el proceso de comercialización y transporte de hidrocarburos.
Por último, Diputados convirtió en ley la prórroga, por un año, de la Emergencia en Seguridad. La normativa, busca optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio en cada área, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas, operativas y resocializadoras.
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