El Gobierno exige que Cristina Kirchner cobre una sola pensión, de las dos que reclamaba

Desde 2016, Cristina Kirchner exige cobrar dos pensiones. Una como viuda de Néstor Kirchner y otra por haber sido presidenta de la Nación. Sin embargo, a través del decreto 394/2019, el Gobierno estableció que Cristina deberá elegir una de las dos asignaciones. De esta manera, “quedó agotada la vía administrativa” del reclamo. La medida fue firmada por Mauricio Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

La primera pensión, la obtuvo en diciembre de 2010. Era no contributiva por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, apenas dos meses antes. Este beneficio es la Asignación Mensual Vitalicia para expresidentes y le correspondía por ser la viuda de un expresidente. En ese entonces, se le otorgó la Comisión de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, que dirigía Alicia Kirchner.

Cinco años más tarde, cuando finalizó su segundo mandato, Cristina comenzó a cobrar otra pensión vitalicia. Por haber sido presidenta en dos períodos. El artículo 5 de la ley 24.018 dice que “la percepción de esta asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios”.

Al comprobar el cobro del doble ingreso, en 2016, Stanley le exigió elegir una de las dos pensiones. En consecuencia, suspendió uno de los pagos. Ese año, Cristina cobraba, como cónyuge y heredera del beneficio de Néstor Kirchner $143.539 brutos, y por su pensión personal, otros $188.538 por mes. En total, $332.077 sin los descuentos. Con las deducciones, eran, de bolsillo, $210.780 mensuales.

Ante esta medida, Cristina comenzó un millonario reclamo contra el Estado. La precandidata a la vicrepresidencia exigía cobrar las dos pensiones. Además, pedía que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por Ganancias. De todos modos, con el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó su postura.