El gobernador de Mendoza suspendió la aplicación de la nueva ley de minería luego del fuerte rechazo social

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que la suspensión momentánea de la reglamentación de la ley 7722 de Minería, que recientemente fue modificada por la Legislatura local y habilitó el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en las extracciones.

Tras una reunión con su equipo de ministros y conversar por teléfono con su predecesor y actual presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el mandatario provincial anunció que abrirán una ronda de diálogo para discutir los alcances de la normativa que generó un fuerte rechazo social.

“Voy a suspender la reglamentación de la ley. Esta ley no se va aplicar”, definió este jueves Rodolfo Suárez en conferencia de prensa. “El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Han habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, agregó sobre la decisión tomada junto a su gabinete.

Sin embargo, el gobernador criticó a los manifestantes que causaron incidentes y adelantó que será inflexible con quienes realicen piquetes para protestar contra la ley. “Es una derrota a los violentos y a la prepotencia”, resaltó el mandatario provincial, que añadió: “Si nos demuestran que estamos equivocados, lo reconoceremos”.

Rodolfo Suárez resolvió que no pondrá en marcha la legislación que otorga incentivos a la minería luego de que se profundizaran las protestas sociales en contra de la controversial Ley 7722, que permite el uso del cianuro y el ácido sulfúrico en megaminería metalífera a cielo abierto. Este jueves se esperaban más acciones de los mendocinos para que la normativa se derogue o anule con asambleas, mateadas, talleres y recitales impulsadas por la Asamblea Popular por el Agua Pura (Ampap).

En su descargo, el titular del Poder Ejecutivo provincial anunció que hará una “gran convocatoria al diálogo” y que se encargará de brindar “mayor información a la gente” sobre los alcances de la modificación del marco regulatorio minero.

“Vamos a convocar al Arzobispado que está haciendo una defensa del agua sin argumentos, a las universidades, a los organismos políticos, a todos a un debate en el que voy a participar personalmente”, aclaró.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en una de las reuniones en la Casa Rosada. (Adrián Escandar)

El gobernador recordó que en sus propuestas de campaña hizo una advertencia sobre el modelo productivo de Mendoza, que “hace tiempo viene cayendo y no generando riqueza, con un 40% de la población por debajo de la pobreza”. “Durante toda la campaña electoral dijimos que íbamos a generar empleos con absoluta empatía con la gente que la está pasando. Hay mendocinos y mendocinas que no comen”, justificó.

Rodolfo Suárez indicó en la rueda de prensa que lo que más quiere es “cuidar el agua” y planteó el escenario ambiental en Mendoza: “Este cambio climático, si no lo frenamos, dentro de 20 años va a ser tarde”. Pero reiteró que el impulso de la normativa fue una “decisión legal, que se propuso en campaña y se votó en la Legislatura y aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo”.

«Y si no tiene la legitimidad del pueblo, yo no voy a hacer nada en contra de los mendocinos”, concluyó.

El gobernador de Mendoza publicó el 24 de diciembre en el Boletín Oficial la nueva reglamentación minera, a pesar de las masivas protestas frente a la Casa de Gobierno mendocina. En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley, se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permite separar los metales extraídos de la roca y habilita la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantiene la prohibición del uso del mercurio.

Además, la norma promulgada creaba una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas” que deberá informar anualmente el estado del ambiente en relación con la actividad minera y petrolera.

Durante el debate legislativo, el gobierno de Mendoza argumentó que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos, y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.

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