El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario dictó prisión perpetua para tres militares acusados por delitos de lesa humanidad en la causa «Saint Amant III». El juicio, que comenzó el año pasado en San Nicolás, incluyó delitos de homicidio, secuestros, tormentos y abuso sexual, cometidos entre 1976 y 1977, contra 50 víctimas de la represión ilegal de la última dictadura en San Nicolás, Pergamino, Villa Constitución, Ramallo y San Pedro, donde operó el Área Militar 132 del Ejército. El fallo alcanzó a quien era jefe de Operaciones e Inteligencia del Área Militar, Antonio Federico Bossié; al entonces jefe de Personal y Logística, Guillermo Aníbal Piccione; y al exjefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, Omar Andrada. También fue condenado el expolicía bonaerense Oscar Rodríguez, a 3 años de prisión como partícipe secundario de un secuestro, falsedad ideológica y falso testimonio. El fiscal jefe de la Unidad de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate, celebró «la primera condena a un jefe de Personal y Logística del Ejército, como Piccione», también acusado por delitos sexuales; y destacó que «se dictaron condenas en relación a todas las víctimas». El veredicto, además, absolvió por el beneficio de la duda al ex capitán Bernardo Landa.
Los jueces Ricardo Vásquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider dieron a conocer la resolución sobre 16 causas con 50 víctimas (entre las cuales Alicia Fuhr, Eduardo Korsunsky, Ricardo Biegkler y Julio Peris permanecen desaparecidas), tras el debate oral por el que pasaron más de 200 testigos. Se trata de la tercera parte de una investigación por la que ya fueron condenados otros integrantes de las fuerzas militares que respondían a las órdenes del ex jefe del Área Militar 132, Manuel Fernando Saint Amant, condenado a prisión perpetua en 2012 y fallecido en 2016.
Villate manifestó conformidad por varios motivos: «Se dictó condena por todas las víctimas y eso es importante para que tengan reparación». Además, «por el antecedente que significa la sentencia de Piccione como jefe de Personal y Logística; y por la cuestión del delito sexual, diferenciado de lo que son los tormentos». También quiso resaltar que «se lograron cuatro condenas vinculadas a los hechos de Villa Constitución, de represión al Villazo. Una de ellas es el caso de la desaparición de Alicia Fuhr, esposa de Zenón Sánchez (delegado de Acindar), referente del movimiento sindical de la Lista Marrón de la UOM. Muestra cómo el batallón de San Nicolás, también operaba en Villa Constitución; no respetaba los límites territoriales formales. Y sirve como antecedente en aquello que se juzga sobre el Villazo», que está en etapa de instrucción. Por otro lado, destacó que «se lograron condenas por hechos anteriores al 24 de marzo del 76, es decir, en democracia. El más antiguo es de noviembre del 75».
Sobre lo novedoso de la condena a un jefe de Personal y Logística, señaló: «Siempre se había entendido que quienes tenían mayor incidencia en los delitos cometidos durante la dictadura eran los jefes de Inteligencia, que definían los blancos; y los de Operaciones, porque diagramaban la operación para secuestros y tormentos. Hoy se logra la primera condena de un jefe de Personal y de Logística y es un éxito enorme porque no hay otro caso en el país», destacó. En los alegatos ya había argumentado que el jefe de Personal es «el que aporta los recursos humanos para que se ejecuten las operaciones».
Tanto Bossié como Piccione fueron acusados de homicidios, secuestros y torturas; y en el caso del segundo, por abuso de una mujer privada ilegalmente de la libertad. «Si bien Bossié había sido indagado por el abuso sexual de una mujer, no se lo procesó por ese delito, y cuando se requirió elevación a juicio no se incluyó. Nosotros hicimos el intento de incluirlo durante la acusación, pero fue rechazado por el tribunal, ya que no estaba en el requerimiento. En el caso de Piccione sí se hizo requerimiento» y fue condenado por ese hecho.
En el alegato de clausura, la Fiscalía hizo hincapié en la violencia específica padecida por las detenidas mujeres. El fiscal adjunto, Juan Patricio Murray, pidió que en los fundamentos –que se conocerán el 18 de diciembre– se deje constancia sobre el particular trato contra las detenidas, ya que –como publicó Agencia Télam días atrás– recibieron insultos o burlas vinculadas a su sexualidad y fueron «privadas de elementos higiénicos para la menstruación o impedidas de higienizarse», así como «amenazadas de sufrir violencias sexuales y afirmaciones respecto a que eran malas madres debido a sus militancias».
En tanto, para el imputado Rodríguez se había solicitado pena de 4 años y 6 meses como partícipe primario de secuestro, falsedad ideológica y dos hechos de falso testimonio; pero el tribunal le dio tres años al considerarlo partícipe secundario. En tanto, Villate indicó que esperarán los fundamentos del fallo para tener detalles de la absolución de Landa, para quien pidió perpetua.
El juicio comenzó el 12 de junio de 2019 en San Nicolás. Las primeras audiencias se realizaron en el Auditorio Macacha Güemes del ITEC, pero la pandemia por coronavirus dejó paso a lo remoto y el debate se transmitió por YouTube y Facebook.
pagina12.com
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