Se cumplió un año de la aprobación de la ley que consagró el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina. Sin dudas, este primer aniversario es para celebrar. Pero es también un momento para reflexionar sobre la batalla legal que sucedió tras la aprobación de una ley histórica
Se cumple un año de la aprobación de la ley que consagró el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, una conquista que inspira a otros países de la región y el mundo a avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto.
Sin dudas, hoy es un día de celebración, la conquista del aborto legal es fruto de décadas de lucha de los movimientos feministas por el reconocimiento de la autonomía reproductiva. Pero este primer aniversario es también un momento para reflexionar sobre la batalla legal que sucedió tras la aprobación de una ley histórica.
Desde aquel 30 de diciembre de 2020 presenciamos una ola de demandas judiciales que intentaron, sin éxito, dejar sin efecto la norma. Durante el primer año de vigencia de la ley se registraron al menos 37 demandas, de las cuales 32 fueron contra la norma en sí misma y 5 contra quienes la aprobaron y contra quienes ejercieron los derechos que en ella se reconocen.
Diferentes actores se atrevieron a cuestionar la constitucionalidad de la Ley 27.610 ante la Justicia federal y local: partidos políticos, asociaciones civiles, grupos de personas invocando su calidad de “ciudadanos”, abogados, ex legisladores, un asesor de menores, e incluso, un intendente. Así lo relevamos en nuestro informe “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el litigio como herramienta para defender y fortalecer su implementación”.
Ninguna de estas demandas en contra de la ley prosperó. La gran mayoría de ellas fue rechazada sin siquiera lograr superar el “primer filtro” de admisibilidad y solo cinco continúan en trámite de forma activa.
Amnistía Internacional Argentina, en alianza con otras organizaciones, siguió de cerca cada una de estas presentaciones contra la ley. Con ellas se buscó reeditar ante el Poder Judicial un debate que ya fue saldado en el Congreso de la Nación.
Hoy nuestro punto de partida es el reconocimiento del derecho al aborto. Sin embargo, para garantizar su efectiva implementación es indispensable defender la ley y robustecer las políticas públicas para garantizar el acceso.
Era esperable que semejante avance en materia de derechos humanos, trajera consigo una reacción en su contra por parte de sectores conservadores. Por eso, durante todo el 2020, el trabajo de Amnistía Internacional para la aprobación de la ley estuvo fuertemente acompañado por la previsión de escenarios posibles de litigio y por la preparación de estrategias y argumentos constitucionales y, de derechos humanos, con el objetivo de intervenir en las causas que se iniciaran para atacar la norma.
Nuestro enfoque de litigio estratégico busca utilizar las herramientas legales disponibles con el objetivo de lograr cambios estructurales, tales como: el reconocimiento de un derecho que no había sido consagrado como tal, la implementación de una política pública, la modificación de una legislación inconstitucional, o la asunción de responsabilidad del Estado frente a un problema de derechos humanos.
En este primer año de vigencia de la ley litigamos de manera estratégica, presentándonos en aquellas causas aisladas que obtuvieron decisiones judiciales adversas, aunque -vale recordar- ninguna tuvo impacto en la vigencia de la ley.
Por nombrar un ejemplo, ante la justicia federal de Salta, la ex senadora María Cristina Fiore Viñuales inició una causa junto a otras personas, con la pretensión de que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 y se suspendiera su vigencia en todo el territorio nacional.
Amnistía Internacional se presentó ante la Justicia de Salta, junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Mujeres por Mujeres, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Fundeps, oponiéndonos al reconocimiento que la Cámara de Apelaciones les había dado a los actores para llevar adelante el proceso. Recientemente logramos llevar este planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo que la causa iniciada por Fiore Viñuales queda frenada hasta que el máximo tribunal tome una decisión al respecto.
La Corte tiene ahora la oportunidad de pronunciarse sobre el accionar de estos grupos que pretenden impedir que las mujeres ejerzan su derecho a un aborto legal. Es esperable que decida en línea con su tradicional jurisprudencia sobre los límites de intervención del Poder Judicial en nuestro sistema legal y, de ese modo, rechace o desaliente el tipo de accionar que observamos este año contra la ley.
En este primer aniversario, podemos decir que la defensa articulada de la ley y la respuesta del Poder Judicial robustecieron aún más la legitimidad de la norma y reforzaron, de cara al 2022, la necesidad de impulsar su plena implementación en todo el país.
Sin dudas, hoy, los desafíos pendientes se presentan por una doble vía. En primer lugar, nuestro diagnóstico es que aún falta garantizar el acceso a la información, factor determinante para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder al aborto legal en todo el país. En segundo lugar, la ofensiva que se pretende dar en la Justicia argentina. Hoy celebramos lo que fue un hito histórico: desde hace un año el aborto es legal en Argentina. Pero sabemos que defender la ley y trabajar para su efectiva implementación son desafíos que tenemos por delante. Y en ello seguiremos trabajando.
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