A los ocho imputados se los acusa de haber premeditado el ataque y dividido sus funciones. Su abogado, Hugo Tomei, apunta a deslegitimar esa hipótesis para atenuar las penas
La madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, un joven de 18 años que veraneaba con amigos en Villa Gesell, fue asesinado a golpes frente a la disco Le Brique. Este lunes 2 de enero de 2023, a casi tres años del brutal episodio, los ocho acusados del crimen enfrentarán el juicio en su contra, en el que podrían recibir prisión perpetua.
Los imputados llegan al debate detenidos por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. Serán juzgados de manera tradicional, ante el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores, luego de que su defensa, a cargo del abogado Hugo Tomei, descartó el juicio por jurados ya que “no podía garantizar la imparcialidad” de los civiles que lo integraran, y que debían determinar las responsabilidades de los detenidos, “debido a la difusión que tuvo el caso”.
En toda la imputación, la premeditación es la clave, y un punto que preocupa a la defensa. Se los acusa, principalmente, de haber ideado un plan para matar a traición.
La acusación sostiene que aquella madrugada de enero de 2020, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi se pusieron de acuerdo para matar a Fernando Báez Sosa y, para ello, dividieron sus funciones. El plan, de acuerdo a la instrucción de la fiscal Verónica Zamboni, se pergeñó dentro del boliche “Le Brique”, tras un “empujón” en la pista de baile, y terminó de ejecutarse en la vía pública, frente al establecimiento bailable, con una golpiza mortal seguida de una huida.
De cara al debate, la estrategia de la defensa apunta (en el mejor de los casos) a evitar la pena de prisión perpetua. Para ello, el foco estará puesto en la calificación legal del expediente. El homicidio —delito que se les imputa a los ocho y el más grave del Código Penal— está doblemente agravado por “premeditación” y “alevosía”, ya que a Fernando “lo tomaron desprevenido y de espaldas” y “comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo”.
Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, Tomei rechaza la hipótesis de la instrucción y buscará deslegitimar la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Es decir: la clave será plantear que no existió tal plan y que el resultado de la golpiza no fue buscado por los agresores, lo cual tiene una pena sensiblemente menor.
“No todos golpearon a la víctima. Tampoco utilizaron armas, ni ningún elemento punzante o contundente, como una botella o un ladrillo”, explicaron a este medio fuentes cercanas a los acusados.
En el debate, además, se discutirán las responsabilidades penales de cada uno. En esa línea, otro posible planteo de la defensa tiene que ver con que no se pudo establecer qué golpe terminó con la vida de Fernando.
En su declaración, el perito oficial, el médico forense Diego Duarte, sostuvo que no podía determinar cuál de todos los golpes y lesiones que recibió la víctima le ocasionó el deceso, “ya que presentaba una hemorragia masiva en todos los sectores del cerebro, cerebelo y tronco encefálico”.
Para Duarte, “todo el cuadro que presentaba (Fernando) culminó con el fallecimiento”. También afirmó que “los golpes en la cabeza fueron, sin duda, los que ocasionaron la muerte”.
Por ese lado, hay pruebas que comprometen específicamente a uno de los imputados. Según figura en la requisitoria de elevación a juicio, la pericia scopométrica determinó que una de las marcas de la zapatilla que estaba sobre el rostro de Fernando, más precisamente en el maxilar inferior izquierdo, correspondía al calzado atribuido a Máximo Thomsen. Si bien se detectó una segunda impresión de un calzado, la misma era muy pequeña y sin suficiente información para ser atribuida en los análisis a una zapatilla o a un pie en particular.
El jueves 15 de diciembre, el fiscal Juan Manuel Dávila, a cargo de la Fiscalía de Juicio N° 8 de Dolores, realizó una presentación escrita para agregar material al expediente: se trata de un DVD con cerca de 40 imágenes fotográficas que el forense Diego Duarte tomó durante la autopsia y de cuya existencia nadie tenía conocimiento.
“El valor es complementario a la autopsia. Las mismas serán exhibidas durante el debate”, explicaron a Infobae fuentes de la investigación.
La acusación estableció que los ocho imputados “no sólo despreciaron la vida de Fernando, al agredirlo, pegándole vivo e inconsciente, sino que también huyeron para lograr la impunidad del hecho, sin siquiera intentar auxiliarlo en el momento que cayó al suelo”.
El argumento de la defensa es que los rugbiers no escaparon. En privado, sostienen que podrían haberse dado a la fuga, pero no lo hicieron. Tenían dos autos para huir, un Volkswagen Vento color negro, propiedad de Matías Benicelli, y al Chevrolet Corsa color gris, propiedad de Máximo Thomsen, vehículos con los que se trasladaron a la ciudad balnearia de Villa Gesell.
En la causa fueron sobreseídos Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi que, en un principio, habían sido señalados como partícipes necesarios del crimen. Los jóvenes oriundos de Zárate, que recuperaron la libertad el 10 de febrero de 2020, tras doce días de encierro en el penal de Dolores, fueron llamados a declarar como testigos junto a Pablo Ventura, el remero de Zárate falsamente acusado por el asesinato, que estuvo preso cuatro días y que, además, era víctima del bullying de los acusados.
Guarino y Milanesi son los últimos dos testigos de la lista de 177 personas, agendados para la audiencia de declaraciones, programada para el 18 de enero. Fueron requeridos tanto por la querella -liderada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de los padres de Fernando- y de la defensa, a cargo del abogado Hugo Tomei.
Infobae
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