JUICIO POR EL ATAQUE A CRISTINA FERNÁNDEZ

POLÍTICA | JUICIO POR EL ATAQUE A CRISTINA FERNÁNDEZ

Causa y consecuencias
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Fernando Sabag Montiel se hace cargo, en solitario, del intento de magnicidio contra la expresidenta para despegar a Revolución Federal y sus vínculos políticos ocultos.

Acusado. Sabag Montiel admite haber intentado matar a Cristina Fernández.

Alberto López Girondo. Habían pasado apenas 18 días del intento de magnicidio contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, antes de que se supiera el resultado de las investigaciones judiciales, Mauricio Macri tomó la posta para caratular el hecho en sus medios amigables: «Es algo individual de un grupo de loquitos». El ex mandatario se sumó al coro anti K que lejos de condenar el atentado, «le hace desconfiar de hasta algo que yo creo que existió, más allá de la mala reacción de la custodia y todas estas cosas que llevan a la confusión».

A casi dos años de aquel 1 de setiembre que pudo cambiar trágicamente la historia argentina, el principal imputado, Fernando Sabag Montiel, reconoció ante el Tribunal Oral Federal 6 que efectivamente su intención era asesinar a la dos veces presidenta de los argentinos. No solo eso, durante su exposición mostró en todo momento que estaba ubicado en tiempo y lugar y que comprendía perfectamente las consecuencias de sus actos. Que sabía que de haber salido el disparo se habría generado «desestabilización, guerra civil, enojo grande de la sociedad». Es decir, no se trata de un «loquito».

En todo caso, se podrá argumentar que Sabag Montiel fue guiado por un odio que no puede explicar a cometer un hecho que gracias a que se trabó el arma no se convirtió en el inicio de una espiral de violencia impredecible. «Es corrupta, roba, hace daño a la sociedad y demás cuestiones que ya son sabidas. No es necesario que sean aclaradas por mí porque cualquier persona siente lo mismo que yo», dijo ante una pregunta de la fiscalía. Si bien por un lado Sabag Montiel señaló que la situación económica del país era desastrosa, reconoció ser propietario de una casa, cinco autos y de tener dinero, pero luego dijo que había tenido que salir a vender copitos de algodón para subsistir. «En lo personal me sentí humillado», afirmó.

En todo momento el joven se atribuyó la responsabilidad en el magnicidio que no fue y despegó de cualquier intención a los otros imputados, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo. También dijo que nunca había pertenecido al grupo Revolución Federal (RF), que en ese momento tenía gran exposición mediática por sus expresiones viscerales contra Cristina Fernández.

Los abogados de la querella intentaron desde el primer momento incluir a RF en la investigación. La agrupación, que encabezan Leonardo Sosa y Jonathan Morel, tenía extraños vínculos comerciales a través de un contrato para fabricar muebles con una firma ligada a la familia del actual ministro de Economía Luis Caputo. El que fuera interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó en su momento una denuncia para que se investigasen posteos en Twitter de RF que incitaban a matar a la vicepresidenta. Pero nunca se unieron las dos causas, que fueron por cuerda separada, una en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti (la de Sabag Montiel) y la otra en el despacho de Marcelo Martínez de Giorgi. Tampoco hubo apuro en investigar la relación con el atentado del diputado Gerardo Milman, ex número 2 de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante la gestión Macri, y las sospechosas borratinas en los celulares de personas ligadas a su entorno en el marco de una denuncia en su contra.