La regulación del juego online en Argentina se aceleró a partir de 2020 y, actualmente, casi todas las provincias han establecido un marco normativo para el sector. Sin embargo, el juego ilegal continúa proliferando y, ante ello, crece la preocupación y las propuestas para limitar su rango de acción.
El principal foco de conflicto es el acceso de menores de edad a plataformas de juego. Si bien las empresas autorizadas por los reguladores cuentan con estrictas medidas de identificación (como requerir identificaciones fiscales tales como el CUIL/CUIT), muchos operadores ilegales utilizan otros mecanismos menos restrictivos.
Por eso, legisladores de la Coalición Cívica –que también promovió un proyecto para limitar la publicidad del sector– enviaron una carta al Banco Central y a 33 billeteras virtuales solicitando medidas para evitar el acceso de menores a sitios de juego no autorizados.
Según dijo a iProUP Hernán Reyes, legislador de la Coalición Cívica, “los jóvenes se ponen en contacto con intermediarios que reciben los pagos y realizan las apuestas a través del sistema que pone a disposición los casinos online”.
Con un 80 por ciento del volumen de juego concentrado en el sector ilegal, los reguladores deben actuar para restringir la operación de aquellas plataformas no autorizadas.
En esa línea, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) de Mendoza confirmó recientemente el bloqueo de 400 sitios clandestinos.
A través de asociaciones estratégicas, el regulador mendocino realiza un seguimiento de posibles infractores, por lo que presentó 600 denuncias ante el Ministerio Público para que se ordene el cierre de estas plataformas y estas siguen su proceso en la Justicia de Mendoza.
La advertencia del IPLyC bonaerense sobre el juego ilegal
Ante la problemática del juego clandestino y la participación de menores, Gonzalo Atanasof, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de la provincia de Buenos Aires manifestó la preocupación de la entidad.
Según Atanasof, se trata de un “fenómeno mundial”, aunque Atanasof explicó que trabaja junto con la Cámara de Diputados, el ministerio de Seguridad y la subsecretaría de Adicciones y Consumos Problemáticos del ministerio de Salud, para combatirlo.
Asimismo, recordó que los sitios autorizados funcionan con el domino “.bet.ar” y que tienen “estrictos controles” para evitar la participación de menores.
“Es fundamental la colaboración y la contribución del Gobierno nacional por tratarse de un delito federal, ya que muchos de los registros (de las páginas) se encuentran fuera del país”, agregó.
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