La planta de agroquímicos de Atanor en San Nicolás vuelve a estar bajo la lupa judicial luego de que el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires detectara, en una inspección realizada en junio, un vertido no autorizado de efluentes cerca de la barranca del río Paraná. La empresa ya había sido condenada en 2023 por contaminación ambiental.
Atanor bajo investigación judicial por nuevo vuelco clandestino de efluentes industriales. (Foto: Cosa Cierta/InfoGEI)
La Plata, 01 Jul (Por InfoGEI).-El 9 de junio, inspectores de la Autoridad del Agua (ADA) identificaron una bomba dentro del predio que arrojaba líquidos al terreno natural, muy cerca del curso del río. La descarga provenía del sistema de tratamiento de residuos líquidos de la compañía y se realizaba mediante una conexión clandestina, según fue expuesto posteriormente en una audiencia judicial ante la jueza Luciana Díaz Bancalari.
Desde Greenpeace alertaron sobre el peligro que representa esta situación por la cercanía del punto de descarga con el río Paraná. Los inspectores también constataron acumulación de líquidos en el suelo, lo que violaría la prohibición específica de vertidos que rige sobre la planta.
Según reporta Cosa Cierta, el abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, calificó el hecho como un acto “criminal” por parte de la empresa, que —según sus palabras— “desobedece decisiones judiciales y compromete la seguridad de comunidades enteras”.
Atanor ya había sido condenada por la Justicia de San Nicolás el año pasado, luego de que se comprobara que vertía sustancias tóxicas sin tratar en el río. En marzo de 2024, además, una explosión en uno de sus reactores obligó a evacuar barrios cercanos y derivó en la clausura del predio. La planta volvió a funcionar en noviembre bajo condiciones estrictas, tras presentar un plan de gestión ambiental aprobado por las autoridades provinciales.
Medida cautelar
Ante esta nueva infracción, Maggi presentó una medida cautelar para que se suspenda la producción de efluentes líquidos, y se impida a la empresa utilizar fuentes de agua subterránea o del río. Desde Greenpeace, la especialista Agostina Rossi Serra denunció que Atanor “persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública”.
Investigación en curso
Tras la audiencia del 13 de junio, la jueza Díaz Bancalari elevó la denuncia a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal, para que se investigue si los responsables de la empresa incurrieron en delitos penales. También solicitó un nuevo informe técnico a la ADA para evaluar el impacto ambiental del vertido. Aunque la planta continúa operando por un acuerdo judicial previo, esta nueva situación podría modificar las condiciones que le permitieron reabrir. (InfoGEI)Ac
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