El juicio por delitos de lesa humanidad conocido como Causa Acindar atraviesa su etapa final y coloca en el centro de la escena la participación de la empresa siderúrgica en la represión contra sus propios trabajadores durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
La Plata, 18 Ago (Por InfoGEI).-En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario se procesa a 18 acusados, entre ellos dos directivos de la compañía, por su rol en secuestros, torturas y asesinatos de militantes sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, protagonistas de las históricas huelgas del “Villazo”.
De acuerdo con los alegatos del CELS, la APDH, la Fiscalía y la UOM, el rol que tuvo la empresa Acindar en la represión, no se limitó a observar lo que ocurría, sino que colaboró de manera activa con el plan represivo:
En tal sentido, el organismo de derechos humanos señala la entrega de información por parte de la empresa sobre los trabajadores, a la dictadura: “se acusa a Roberto José Pellegrini, jefe de Personal, y a Ricardo Oscar Torralvo, directivo de la compañía, de haber suministrado datos y fotografías de los empleados a las fuerzas de seguridad”. Las imágenes, tomadas bajo el pretexto de renovar carnets, fueron utilizadas para identificar y secuestrar a los trabajadores.
La investigación del CELS, también se refiere la infraestructura represiva de la planta de Acindar, indicando que alojaba un destacamento policial y los albergues de solteros fueron convertidos en un centro clandestino de detención donde se torturaba a los secuestrados. La firma también puso a disposición vehículos para el traslado de prisioneros.
Asimismo, reveló los “beneficios económicos” que recibía la empresa: En ese período, el presidente del directorio era José Alfredo Martínez de Hoz, quien, como ministro de Economía de la dictadura, impulsó políticas que favorecieron a la compañía dentro del proceso de concentración de la industria siderúrgica.
Los pedidos de condena
En sus conclusiones, el CELS solicitó prisión perpetua para Pellegrini y Torralvo, al considerarlos partícipes necesarios en el secuestro de 37 trabajadores y en el asesinato de 8 de ellos. Para los otros 16 imputados, todos pertenecientes a fuerzas de seguridad, las penas solicitadas llegan hasta los 25 años de cárcel.
El papel de las empresas en Dictadura
Este juicio no solo busca justicia para las víctimas de Acindar, sino que también expone el papel que jugaron empresas privadas en la maquinaria represiva, un aspecto clave para dimensionar la magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. (InfoGEI)Ac
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