La casa de estudios aprobó por unanimidad la resolución para iniciar acciones judiciales ante la suspensión de la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. El Ejecutivo nacional promulgó la norma pero aplazó su ejecución hasta que el Congreso defina fuentes de financiamiento.
elDiarioAR – 22/Oct/2025
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió recurrir a la justicia para exigir al Poder Ejecutivo Nacional la plena implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, pero cuya aplicación fue suspendida por el Gobierno.
La medida fue adoptada de forma unánime por su Consejo Superior en su sesión de este miércoles En su resolución, la UBA afirmó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El Consejo advierte que “el sistema universitario, y la UBA en particular, enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes” y señala que las prórrogas del Presupuesto 2023 “quedaron rápidamente desfasadas” frente a la inflación. Esta situación se vio reflejada en una pérdida del poder adquisitivo de más del 40% para los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad . Pero, este año, la situación tampoco varió: la recomposición salarial fue“ mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida”.
La universidad señala que la suspensión de la ley vulnera derechos constitucionales al impedir que la comunidad universitaria acceda al financiamiento previsto y a la recomposición salarial que la ley garantiza. Según el texto, “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
La ley sancionada tiene por objeto garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el territorio, además de la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Sin embargo, el Ejecutivo nacional promulgó la normativa pero aplazó su ejecución con el argumento de que debe definirse previamente la fuente de financiamiento en el Presupuesto Nacional.
Con este panorama, la resolución de la UBA instruyó al rector de la institución a iniciar las acciones judiciales pertinentes, y a comunicar la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes.
Este paso se suma a la movilización de sectores universitarios que habían advertido la crítica situación derivada del veto o suspensión al reglamento de la ley por parte del Ejecutivo; ya en septiembre la UBA había anunciado un “plan de restricción” presupuestaria y convocado a movilizaciones en rechazo al veto presidencial.
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El conflicto pone en tensión el funcionamiento del sistema universitario público y plantea un desafío institucional sobre la relación entre el Poder Legislativo, que sancionó la ley, y el Poder Ejecutivo, que decidió postergar su puesta en marcha. La UBA reclama que se asignen de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales vigentes.
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