Tras la confirmación de una segunda vivienda adquirida durante su gestión, la situación del jefe de Gabinete se complica en la Justicia. Terminó peléandose con los periodistas.
Diario Tiempo Argentino – 25/Mar/2026
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció durante la conferencia de prensa de esta mañana en la Casa Rosada la titularidad de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La declaración surgió como parte de su estrategia de defensa ante las denuncias por enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Había trascendido que el ex jefe de Gabinete pretendía adoptar un estilo menos canchero que el habitual. Solo pudo mantener el tono mientras leyó un texto donde se defendió de las acusaciones por sus gastos exorbitantes que no se condicen con su sueldo.
A la hora de las preguntas, Adorni perdió el control y acusó a los periodistas de mentirosos. su primer rapto de furia fue cuando un periodista le recordó las inconsistencias de su declaración jurada. «Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez», dijo desencajado. «Yo hago lo que quiero con mi dinero», desafió.
Más allá del enojo, lo que más complicó a Adorni fue admitir que vive en un departamento que no aparecía en su declaración jurada. Según registros oficiales, la propiedad se encuentra ubicada en la calle Miró al 500 y fue adquirida en conjunto con su esposa, Bettina Angeletti, sin que el funcionario se desprendiera de su vivienda anterior en Parque Chacabuco.
Este nuevo activo se suma a la reciente compra de una propiedad en el country Indio Cuá, cuyos valores de mercado oscilan entre los 150.000 y 250.000 dólares. La acumulación de bienes en un período breve de tiempo ha generado interrogantes sobre la consistencia patrimonial del funcionario, cuyo salario público declarado ronda los 3,5 millones de pesos. A esto se añaden gastos suntuarios recientes, como pasajes en clase ejecutiva a Nueva York por 5000 dólares y el uso de vuelos privados hacia Uruguay.
Mientras la Justicia avanza en la investigación de las declaraciones juradas y los flujos de fondos, crece la preocupación en el Ejecutivo por el impacto político de una causa que une inconsistencias inmobiliarias con el uso de recursos logísticos oficiales.
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