La mayoría de los doce proyectos aprobados ya habían sido anunciados antes de la aprobación del régimen. Solo por ganancias el Estado dejará de reacudar U$S 545 millones.
Diario Tiempo Argentino – 18/may/2026
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado como parte de la ley Bases en junio de 2024. Allí se establecen regímenes especiales para aquellas compañías que promuevan inversiones superiores a los U$S 200 millones en el país.
Se trata de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que buscan estimular la inversión extranjera en el país. El programa, en el marco del cual ya se aprobaron 12 proyectos por una inversión pautada en U$S 26.680 millones, del otro lado, tendrá un fuerte impacto en el fisco.
Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo por los proyectos ya aprobados el Estado resignará U$S 1.069 millones en recaudación. Los impuestos no recaudados por regímenes especiales se computan en el presupuesto bajo el ítem de «gasto tributario» aunque, asegura el CEPA, en este caso el equipo económico decidió omitir ese cómputo en la ley de leyes.
El informe se basa en datos difundidos por la Jefatura de Gabinete ante los legisladores del Congreso Nacional e incluye los proyectos aprobados hasta el 11 de mayo de este año.
Según esa información los proyectos abarcan especialmente sectores de energías renovables, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), minería de litio, cobre, oro y plata, siderurgia e infraestructura portuaria de los cuales se espera que generen, según las estimaciones de las propias compañías involucradas, exportaciones anuales por un monto de U$S 28.141 millones.
Dentro de las diversas exenciones que conforman el gasto tributario correspondiente a este programa destacan en primer lugar los “derechos de exportación resignados” que surgen de la diferencia entre la alícuota de retenciones que pagaría el proyecto bajo el régimen general y la alícuota 0% (o reducida) aplicable bajo el RIGI.
Fuente. CEPA
Luego, surge un sensible diferencial de alícuota del Impuesto a las Ganancias en tanto el programa establece una tasa del 25% frente al 35% del régimen general para sociedades. A esos dos principales ítems conrresponde añadir la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital, repuestos e insumos, el costo financiero de los Certificados de Crédito Fiscal emitidos para cancelar el IVA de la etapa pre operativa; el diferencial en el cómputo del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios en tanto pueden computar el 100% de dicho impuesto como pago a cuenta de Ganancias, frente al 33% del régimen general; y la reducción de la alícuota sobre dividendos distribuidos a accionistas no residentes.
El informe destaca, al mismo tiempo, “el rol central de YPF en los proyectos aprobados del RIGI” en tanto la compañía con mayoría accionaria del Estado “ocupa un lugar claramente dominante dentro de los proyectos aprobados en el marco del RIGI”. Más en concreto, explican, “la compañía tiene participación directa o un rol protagónico en iniciativas que concentran el 68,5% del monto total comprometido hasta el momento, equivalente a USD 18.267 millones sobre un total de USD 26.679 millones de inversiones aprobadas”.
Uno de los argumentos que sostiene el gobierno a la hora de no publicar el costo fiscal en el anexo del gasto tributario del presupuesto es que se trata de un programa que busca incentivar nuevas inversiones y que, por lo tanto, se trata de impuestos que de no ser por el propio proyecto, no se percibirían.
Sin embargo el estudio demuestra que al menos siete de un total de doce ya habían sido anunciados por las empresas antes de conocerse la iniciativa parlamentaria y que, por lo tanto, se trata de un premio inesperado por las empresas más que un incentivo para nuevas inversiones.
De hecho, explican, “su concreción no dependía del nuevo esquema de incentivos”. En otras palabras, dicen, “son proyectos que estaban en carpeta y que, al entrar en el RIGI, buscan beneficiarse de un marco normativo extremadamente favorable en términos fiscales, aduaneros y cambiarios”.
Un ejemplo claro, aportan, “es el caso de Galan Lithium, que en diciembre de 2023 ya había anunciado que comenzaría a producir cloruro de litio en Catamarca a partir de 2025” o el caso del “parque solar El Quemado, en Mendoza, fue presentado en noviembre de 2023, antes de que se aprobara el RIGI” al igual que el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur, el Rincón de Litio de la empresa Río Tinto, el proyecto de extracción de plata en Diablillos y el proyecto Los Azules, impulsado por McEwen Coppe que consiste en uno de los proyectos de extracción de cobre más grandes del mundo.
Las compañías ya habían anunciado sus inversiones antes, sin el régimen de «incentivos».
En todos los casos aportan fuentes periodísticas previas a la asunción del actual gobierno que daban cuenta del comienzo más o menos inmediato de la iniciativa.
Pero no conformes con los incentivos otorgados por la ley bases, el gobierno ahora anunció la conformación del Super RIGI que reduce la alícuota por ganancias desde le 25% al 15% en contraste con el pago del 35% que realizan el resto de las empresas y asalariados que superan un determinado umbral de ingresos.
El ítem de la reducción de la alícuota por ganancias a un 25% es el que explica la mayor parte del costo fiscal en tanto asciende a U$S 545 millones, más del 50% del total.
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