El organismo bonaerense COPRETI repudia que se defienda el trabajo infantil en la producción cinematográfica y recordaron que las actividades artísticas de menores deben estar reguladas por el Estado.
Agencia ComBA – 26/Jun/2026
Las autoridades de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) expresa el rechazo a las desafortunadas expresiones del titular del INCAA, Carlos Pirovano. En su exposición ante la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, defendió el trabajo infantil en la producción cinematográfica en aras de favorecer la competitividad de la industria.
En ese sentido, el organismo se ve en la obligación de recordarle que, en la República Argentina, el trabajo infantil está prohibido y constituye un delito. En ese marco, la realización de actividades artísticas y culturales por parte de niños, niñas y adolescentes es una excepción, pero queda bajo resguardo del Estado para garantizar los derechos de las infancias.
En la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Trabajo, a través de la COPRETI, regula el trabajo infantil artístico con un enfoque que prioriza el interés superior de niños, niñas y adolescentes en cada producción y establece, de manera escalonada, la cantidad de horas diarias y semanales en que pueden desarrollar actividades artísticas.
La prioridad es que la posibilidad de participar en actividades artísticas y culturales no interfiera ni vulnere otros derechos, como el derecho a la educación, a la recreación y al juego.
Se entiende que la limitación horaria para el desarrollo de actividades artísticas y culturales de niños, niñas y adolescentes refuerza y garantiza el ejercicio real y efectivo de sus derechos, en el marco del compromiso asumido por nuestro país al ratificar los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 138 de la OIT.
Se considera que expresiones como las realizadas por el titular del INCAA vulneran las garantías que deben proteger a niños, niñas y adolescentes. No hay argumento posible, menos aún la competitividad, que justifique lesionar los derechos de las infancias, quienes deben quedar bajo el resguardo prioritario del Estado.
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