Lo aseguran desde la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP). Interviene la fiscalía de Pilar.
por Jesús Cabral – Diario Tiempo Argentino – 28/Jul/2026
Desde la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP), de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), denuncian que mientras dueños de comunidades terapéuticas viajan por el mundo, usuarios de salud mental mueren encerrados en lugares clandestinos. Interviene la Fiscalía de Pilar.
Solicitan que la Justicia pilarense actúe con celeridad y explican que cuando clausuran una de estas instituciones luego la vuelven a inaugurar con otro nombre. En estas instituciones se realizaban internaciones compulsivas. La UIP está siendo financiada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y continúa en la busca de financiamiento internacional.
Esto sucede en un contexto en el que Javier Milei impulsa un proyecto en el Congreso Nacional para modificar la actual Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que está vigente en Argentina desde 2010. Si esto prospera, implicaría un gran retroceso en la lucha contra la problemática, que es la más profunda de la sociedad y que atraviesa todas sus esferas.
Sobre las muertes
Carlos Sasso y Daiana Lizzi son los dueños de las comunidades terapéuticas Sanar para Vivir y Nunca Más Solos, «donde hace poco tiempo murieron Sebastián, Catalina y Brian; este último, un adolescente de 17 años», denunció Pablo Galfré, periodista de investigaciones y miembro de la UIP, en diálogo con Tiempo.
Y completó. «Ambas personas viajaron a disfrutar el Mundial y siguen recorriendo países, mientras tanto, en sus granjas de rehabilitación clandestinas mueren personas».
Galfré profundizó en que mientras disfrutaron y lo siguen haciendo en Estados Unidos, París y el Caribe, entre otros destinos, en sus comunidades terapéuticas clandestinas se encierra y tortura a personas usuarias del sistema de salud mental. Y señaló que el Estado no las clausura.
«No juzgamos que viajen. Juzgamos que personas que no son profesionales de la salud mental se enriquezcan a costa de quienes atraviesan padecimientos mentales o consumos problemáticos», reclamó el periodista de investigaciones.
Galfré concluyó: «Criticamos seriamente que el Estado permita que estos centros clandestinos de detención se habiliten, a pesar de las muertes constatadas, las torturas y las constantes violaciones a los Derechos Humanos«.
Detenciones por la granja «Nuevo Camino»
Tras una denuncia de la UIP -que articula con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)- la semana pasada el juez de garantías Walter Saettone dictó prisión preventiva de Rolando Ángel Alvisi y Michelle Esthefany Gómez Marrero. Ambos están acusados de haber cometido graves delitos en la administración de la comunidad terapéutica clandestina «Nuevo Camino», ubicada en Presidente Derqui, en el partido bonaerense de Pilar.
Los imputados están acusados por estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la medicina, privación ilegítima de la libertad y otras conductas ilegales. La medida de coerción había sido solicitada por el fiscal Germán Camafreita, a partir de la prueba reunida durante la instrucción de la causa.
En marzo de este año, la CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció graves violaciones a los Derechos Humanos en la comunidad terapéutica clandestina «Priorizar», perteneciente a los mismos dueños y que funcionaba en el partido de Moreno. El organismo de control interviene en la causa como particular damnificado institucional.
Prisión preventiva para los acusados
Después de evaluar las pruebas producidas en la causa que se inició en 2023 -cuando la UIP denunció y logró que no sea archivada- el titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar Walter Saettone, consideró que existen elementos probatorios suficientes e indicios concretos para ordenar las detenciones.
El magistrado pudo comprobar que en la comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones -liderada por Alvisi y Gómez Marrero- funcionaba una asociación ilícita destinada a estafar a las personas allí cautivas y a sus familiares.
Así, el juez Saettone convalidó lo antes actuado por el fiscal Germán Camafreita y ordenó la prisión preventiva de los imputados. Están acusados de ser coautores de los delitos de «estafas reiteradas, ejercicio ilegal de la medicina, privación ilegal de la libertad, en concurso real con asociación ilícita en calidad de organizadores».
Saettone les dictó prisión preventiva por la gravedad de los delitos ocurridos. El magistrado justificó la medida impuesta argumentando que existe peligro de fuga y la posibilidad de que los imputados obtengan una condena alta de cumplimiento en prisión y eso podría generar que intenten escapar del país.
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