El representante del Ministerio Público Franco Picardi firmó dos pedidos para que se profundice la causa que está en manos del juez Ercolini. Habló de posibles hechos de violencia institucional y sugirió medidas que están bajo reserva.
Diario Tiempo Argentino – 19/Ago/2026
Foto: Damian Dopacio / NA
El fiscal federal Franco Picardi dictaminó en los últimos días a favor del impulso de la denuncia para que se investigue el operativo represivo desplegado por las fuerzas de seguridad durante la marcha contra los cambios a la Ley de Tierras. En el marco de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el representante del Ministerio Público también requirió que se investigue el accionar de Gustavo Gauna, el policía que fue fotografiado mientras actuaba de civil y sin la correcta identificación.
Según pudo saber Tiempo, el fiscal no sólo presentó un dictamen de impulso el 11 de agosto pasado, sino que también lo amplió el pasado 14 de agosto. La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini.
En el primer pronunciamiento, el fiscal repasó el contenido de la denuncia, que advirtió sobre las lesiones y traumatismos que sufrieron los manifestantes, fotógrafos y periodistas, como también la detención masiva de personas. La presentación había sido formulada por la CPM, que oficia como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y cuyos representantes monitorearon la manifestación y verificaron las acciones que llevaron a cabo los efectivos de las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad.
De hecho, uno de los episodios denunciados tuvo lugar, según la presentación, a las 19:50 horas de aquel jueves en la esquina de Lima y Avenida de Mayo, cuando un grupo de la policía porteña “inició maniobras represivas indiscriminadas, integrando acciones conjuntas de disparo de postas de goma y utilizando la violencia del camión hidrante, sin la existencia de ningún hecho o circunstancia que habilite legalmente a actuar y efectuar las acciones represivas de disparos de posta de goma y gas”, tales como necesidad, proporcionalidad y legalidad.
En ese primer pronunciamiento, el fiscal sugirió una batería de medidas que permanecen bajo reserva.
El 12 de agosto, la CPM amplió su denuncia y eso motivó un segundo pronunciamiento del fiscal. Fue en base a nuevos hechos relatados en la presentación, como las heridas sufridas por un periodista y un camarógrafo de Crónica TV, el disparo de bala de goma que sufrió un hombre debajo de su ojo y el ataque con gas lacrimógeno y postas de goma que sufrieron varios de los integrantes de la propia CPM.
Investigarán al policía de civil
En este segundo planteo apareció el nombre de Gustavo Antonio Gauna, el efectivo de la Policía Federal que fue fotografiado vestido de civil y en posición de disparo durante la manifestación. “Habría efectuado disparos con una escopeta, en franca violación al marco normativo general, tanto internacional como local”, planteó la presentación.
Ese punto fue mencionado en la segunda ampliación del fiscal con las respectivas medidas que están bajo reserva.
La foto de Gauna no tardó en viralizarse en redes sociales y aparecer en programas de TV. Incluso, se conocieron fotografías de otros operativos represivos en los que habría participado también testigo de civil. El escándalo obligó a Monteoliva a intentar un pronunciamiento en el marco de una charla que dio en la Bolsa de Comercio de Rosario. En poco más de un minuto y medio ofreció titubeos e imprecisiones acerca de la identidad del efectivo policial y del arma con el que fue fotografiado. “Tienen una campera con el logo de la fuerza y deben colgar la placa”, afirmó respecto de los policías de civil. Al puntualizar sobre Gauna, añadió: “No vi, me parece que no tiene puesta la campera”.
El operativo represivo al mando principalmente de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en lo que respecta a las fuerzas federales y al ministro de Seguridad porteño Horacio Giménez por la Policía de la Ciudad, fue uno de los más violentos de los últimos años. “Llevamos más de 200 marchas monitoreadas, así que podemos comprar con otras marchas, y podemos decir que la del jueves fue una de las más violentas y salvajes de esta gestión.
Fue extremadamente salvaje, porque fue muy expandida en el tiempo y en el territorio”, aseguró el secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García al streaming Nadie Afuera.
“El objeto procesal de las actuaciones versa sobre posibles hechos de violencia institucional -represión de la protesta social mediante diversos usos desmedidos de la fuerza pública como gases lacrimógenos, hidrates, diversas armas denominadas no letales, entre otras, desplegada por las fuerzas policiales federales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, describió el fiscal en su segundo dictamen al que accedió Tiempo.
Ese marco, agregó, generó “situaciones que habrían afectado a múltiples personas que tuvieron que ser atendidas en postas de salud y derivadas a hospitales. Asimismo, habrían acontecido supuestas detenciones arbitrarias”.
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