“Este DNU busca que nadie pueda aprovecharse de la necesidad de una familia para obtener una rentabilidad desmedida, abusiva y usurera” planteó el gobernador riojano.
por Gustavo Montiel – Diario Tiempo Argentino – 21/Ago/2026
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que firmará un decreto de necesidad y urgencia para crear un “Régimen de Protección de Usuarios de Créditos para Consumo de la Familia Riojana” con el cual buscará poner límites al cobro de créditos con tasas abusivas y usuarias que padecen los habitantes de esa provincia.
Como otros gobernadores, intendentes y legisladores peronistas, Quintela también tomó nota de la dramática situación que atraviesan las familias de los sectores más vulnerables de su provincia por la toma de préstamos a tasas abusivas y usurarias, y decidió accionar, en su caso, por medio de un decreto.
“Estoy próximo a firmar un decreto de necesidad y urgencia, para crear el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Créditos para Consumo de la Familia Riojana, porque estamos atravesando una situación de extrema gravedad, que requiere una respuesta concreta y contundente del Estado Provincial. Estamos viendo como muchas familias, muchos trabajadores, ya no recurren al crédito para progresar, para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida”, alertó Quintela en las últimas horas.
“Hoy, muchas veces se endeudan para pagar deudas, y ahí es donde aparece un problema que el Estado no puede ignorar. Porque una cosa es el crédito como herramienta para crecer, para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida, su vivienda, su medio de movilidad. Y otra, muy distinta, es que la necesidad de nuestra gente se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero con tasas desmedidas, sin financiaciones permanentes, y (con) deudas que terminan absorbiendo una parte cada vez mayor e, inclusive, la totalidad del ingreso familiar”, planteó el mandatario riojano.
En esta línea, Quintela remarcó que el DNU no buscará limitar los créditos. “Frente a eso, nosotros tenemos una responsabilidad: poner límites, ordenar y proteger a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Este decreto no busca impedir el crédito, todo lo contrario. Lo que busca es evitar el abuso. Busca que nadie pueda aprovecharse de la necesidad de una familia para obtener una rentabilidad desmedida, abusiva y usurera. Por eso este DNU profundiza un plan integral que venimos ejecutando, con medidas y acciones concretas”, adelantó.
Acciones en curso
En esta línea, Quintela repasó parte de las medidas en curso en la provincia, que seguirá con el DNU. “Mediante el decreto 1082, dimos de baja un código de descuento por cobros indebidos, justamente, manteniendo vigentes únicamente los convenios que se encuentren regularizados y adecuados a los tiempos que estamos viviendo. Asimismo, la Policía de la Provincia de La Rioja, a través de la División del Delito Económico, desarticuló una red ilegal de usura y extorsión que operaba asfixiando y amenazaba a nuestros vecinos, a los que no podían cumplir con esa cuota usurera y extremadamente abusiva. Alguna de ellas superaba el 1000%” sostuvo el mandatario.
El gobernador de La Rioja también recordó los avances en materia legislativa. “En esa misma línea, impulsamos la Ley Provincial que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias. No alteramos los contratos originarios, sino que les otorgamos un plazo prudencial a los receptores de los créditos y a los otorgadores del mismo, para que puedan acordar sin la presión y sin la amenaza constante y sistemática de perder sus bienes”, detalló el gobernador.
Por ahora, se busca que los plazos del DNU se ajusten a los tiempos de la crisis. “Este decreto de necesidad y urgencia, como así también la ley donde se suspende la ejecución prendaria de los distintos bienes de la familia, van a tener una duración provisoria, mientras dure la situación de extrema gravedad por la que atraviesan las familias riojanas”, planteó Quintela.
El brutal endeudamiento familiar por toma de créditos con tasas abusivas y usurarias ya constituye un problema nacional, provincial, federal y municipal. Gobernadores como Quintela y Kicillof, así como intendentes y legisladores del peronismo y otros sectores de la oposición, ya proponen e inician acciones concretas para defender y proteger a las familias afectadas. Habrá que ver si desde el oficialismo nacional salen de la fase de negación del problema y aportan, también, alternativas de solución.
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