Astiz y Videla son juzgados por violación a los derechos humanos en la última dictadura militar
Los represores Alfredo Astiz y Jorge Rafael Videla se presentaron a declarar en distintas causas relacionadas con la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar.
El primero, juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), aseguró que los jueces civiles le causan «repugnancia», rechazó que la última dictadura haya sido «terrorista de Estado» y se dijo «democrático», al ser indagado por el Tribunal Oral Federal Cinco.
El segundo, en tanto, olvió a exponer sus argumentos de la «cosa juzgada» y la «prescripción de la acción penal», en la audiencia a la que fue convocado para ampliar su indagatoria en la causa por delitos cometidos en jurisdicción del primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar.
Astiz puso además en duda la identificación de restos de desaparecidos hallados en el cementerio bonaerense de General Lavalle e identificados en 2005. Entre otros desaparecidos, esos restos pertenecían a Léonnie Duquet, secuestrada en 1977 junto a Alice Domon -ambas monjas francesas-, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, grupo en el que se había infiltrado Astiz.
Videla, por su parte, «se remitió a lo que dijo -hace más de dos décadas- ante el Consejo Suprema de las Fuerzas Armadas», dijo su abogado defensor Luis Eduardo Boffi Carri, al término de la audiencia celebrada ante el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la «megacausa» reabierta en 2003.
Entre los nuevos hechos está el que tuvo como víctima al joven Rolf Nasim Stawowiok, de origen alemán, detenido el 21 de febrero de 1978 y cuyo cadáver fue reconocido por profesionales del Servicio de Antropología Forense.
Además de las nuevas imputaciones, Videla ya tiene tribunal oral para el juicio por alrededor de 600 hechos, aunque sin fecha para el debate oral y público. También está elevada a juicio el caso de la ciudadana de nacionalidad alemana, Elizabeth Kasseman, donde el gobierno de ese país solicitó la extradición de Videla.
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