A casi 19 años, el Gobierno nacional creó el monumento histórico nacional en el antiguo local bailable donde funcionó Cromañón luego de la larga lucha de los familiares de las víctimas que exigían la expropiación para la creación de un sitio de memoria.
A través del decreto 571/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró a los edificios del antiguo local bailable “República Cromañón” y el antiguo hotel lindante, ubicados en la calle Bartolomé Mitre N°3038/3078, así como la parcela a cielo abierto existente sobre la calle Jean Jeaures N°51 como monumento histórico nacional al considerarlos “piezas clave por su valor testimonial”. Estas propiedades ya habían sido declaradas el año pasado como “de utilidad pública y sujeto a expropiación”, mediante la Ley N° 27.695.
En simultáneo, nombraron como lugar histórico nacional al espacio donde se emplazan el espacio conocido como “Paseo de Los pibes de Cromañón”, los murales artísticos alusivos y el denominado “Santuario de Cromañón”, ya que “constituyen un espacio de profunda carga simbólica, donde el carácter inquisitivo y reparador del arte popular se hace patente ante los ojos de quienes lo transitan, erigiéndose como un hito insoslayable para la memoria de las Víctimas”, según indica la norma.
Mientras tanto, declararon como bien de interés histórico nacional a la Colección Cromañón, ubicada en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex-ESMA).
De acuerdo con el artículo 4 de la norma publicada, “la Comisión Nacional de Monumentos y de Lugares y Bienes Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665, modificada por su similar N° 24.252, en su reglamentación y en las normas complementarias, y deberá practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales y de la Propiedad”.
La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004 durante un show del grupo Callejeros en el local bailable Cromañón. El lugar estaba repleto de jóvenes que se habían convocado para escuchar a la banda de rock.
A poco tiempo de que comenzara el show, uno de los presentes prendió una bengala que incendió el lugar. Las llamas tomaron parte de la estructura y se empezaron a expandir con rapidez.
De la tragedia, 194 personas murieron y al menos 4.500 personas sobrevivieron, pero sufrieron las secuelas del horror, con heridas físicas y psicológicas. Tanto dolor se pudo haber evitado, debido a que el mortal incendio dejó al descubierto la negligencia que había detrás.
La causa tuvo cuatro juicios orales en los que fueron juzgadas 26 personas de las cuales 21 fueron condenadas y 18 de ellas fueron a prisión. A lo largo de estos procesos, se juzgaron a los responsables del lugar, los músicos de Callejeros, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, empresarios, integrantes de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal y autoridades policiales.
Por esto mismo, en su considerando, el Gobierno nacional resaltó que la trágica noche “fue producto del accionar de sujetos públicos y privados, quienes, siendo responsables de la seguridad e integridad de terceros que se encontraban ocasionalmente a su cuidado, decidieron omitir las claras señales y reiteradas alertas en lo relativo a las condiciones del local”.
Al tiempo que consideraron que “el evitable siniestro puso en evidencia no solo aspectos negativos de la condición humana, sino, también, el sacrificio y la solidaridad de personas anónimas que socorrieron a quienes habían quedado atrapados y atrapadas en semejante escenario de horror, poniendo en riesgo la propia vida”.
Por todo esto, destacaron la lucha de los familiares y amigos de las víctimas, así como de los sobrevivientes de la tragedia que trabajaron “por cimentar la memoria, exponer la vedad y obtener la Justicia reparadora de este trauma histórico”.
Infobae
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