Reynaldo Bignone afirmó hoy que en la década del ’70 hubo una «guerra irregular» en la cual las Fuerzas Armadas «tuvieron que intervenir en la lucha para derrocar al terrorismo», en sus últimas palabras ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.
«Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda», dijo Bignone al sentarse frente al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para leer durante 40 minutos un escrito, por el que fue silbado y provocó alguna risa irónica cuando cuestionó la existencia de 30 mil desaparecidos y los casos de robos de bebes nacidos de madres secuestradas en centros clandestinos de detención.
En ese sentido, señaló que «se machaca con la cifra de 30 mil desaparecidos y hasta una jueza de la Corte (por Carmen Argibay) figura en un listado, a esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de ocho mil y se barajan 500 robos de bebes pero no llegan a los treinta y ninguno cometido por personal militar».
Además, «se nos tilda de represores y genocidas, en principio el termino represión no es descalificante, la autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo y lo de genocida no resiste el menor análisis porque lo ocurrido en nuestro país no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio, solo voceros del odio pueden sostener esto».
Al igual que quien lo precedió en la palabra, el también juzgado Santiago Omar Riveros, Bignone se hizo responsable por todas las ordenes impartidas a sus subordinados, aseguro que todas fueron «legitimas» y recordó que en la justicia militar existía hasta la pena de muerte para la desobediencia.
La sentencia, contra los siete acusados, todos mayores de 80 años, se conocerá después de las 16.30, aunque según coincidieron todos hoy en sus ultimas palabras se consideran «condenados de antemano» y lo único que resta es la «graduación de la pena».
Sentado de cara a los jueces y de espaldas a las pancartas levantadas con fotos de victimas de la dictadura enarboladas por militantes y familiares que ocuparon el polideportivo de la sociedad de fomento José Hernández en la localidad bonaerense de Florida, el dictador sostuvo que «se insiste por distintos medios que se trataba de jóvenes idealistas, esto es una tergiversación de la realidad. Existían clandestinas organizaciones terroristas cuyos integrantes no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas».
Este será el primer veredicto contra el último presidente de la dictadura, quien esta procesado con prisión preventiva y cumple arresto en la cárcel de Marcos Paz en otra causa por robo de bebes.
Riveros, ex comandante de Institutos Militares, abrió la audiencia para durante una hora hacer uso de la última palabra, en la que llamó a los jueces a dictar veredicto «con el pensamiento puesto en este año de Bicentenario, propicio para la unión y la paz de todos los argentinos».
De los demás imputados solo Eugenio Perello hablo ante el tribunal en un discurso que se interrumpió cuando el anciano detenido perdió el hilo de lo que leía.
Otro detenido, Jorge García pronunció sus últimas palabras anteayer en forma privada, en las que desconoció la autoridad del tribunal para juzgarlo.
Télam
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