Antes, repasemos un poco de historia. Antes de la creación de la AFIP, existían tres organismos por separado: la Dirección General Impositiva (DGI), la Administración de Aduana (ANA) y el organismo de seguridad social.

La AFIP fue creada en el año 1996, a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas a través del Decreto 1156/96, que le otorgó el carácter de entidad autárquica en el ámbito del ministerio de Economía. En el año 2001 se creó la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social que se incorporó a la estructura organizativa de la AFIP mediante el Decreto 1231/2001. Este es el organismo que conocemos hoy como AFIP.

Ahora, dividamos las funciones. La DGI tiene como función principal la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de impuestos nacionales. La Dirección General de Aduanas (DGA) recibe los tributos que gravan las importaciones y exportaciones, y el control sobre el tráfico internacional de mercaderías. Por último, la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social tiene a cargo la recaudación y fiscalización de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social.

Por lo que se sabe en el decreto, no se elimina ninguna de estas funciones, sino que cambia una entidad por otra. Sin embargo, en un comunicado oficial de la oficina del presidente se expone la intención del Gobierno de “reducir en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de 6.400 millones de pesos”. A su vez, anunciaron una “baja de 3.155 puestos de trabajo que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno [el de Alberto Fernández]”.

Dentro de los organismos descentralizados, la disuelta es la segunda entidad con mayor cantidad de empleados públicos, rondando los 21.410 empleados a septiembre de 2024. La primera es el CONICET con más de 26.600 empleados. Sin embargo, es una métrica que no ha variado demasiado: al cierre de 2019 había 21.934 y cuando finalizó el de Alberto Fernández, esa cifra alcanzó 22.028. Es decir que el monto de ingresantes netos es menor a la cantidad de puestos de trabajo que se buscan remover. Incluso, en la época de Alberto Abad en 2007 ya la cantidad de trabajadores de la entidad sumaba 20.000 trabajadores.

Respecto de lo anterior hay que mencionar dos asuntos. El primero es que, en julio de 2023, Silvia Martinez, realizó una denuncia caratulada como “Abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público” contra las autoridades de la AFIP encabezadas por Carlos Castagneto. El motivo fue la contratación de empleados bajo modalidades que, supuestamente, violaban el Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones, por lo que el juez resolvió archivar la causa por inexistencia de delito.

El segundo punto es que, bajo el manto legal de la Ley Bases, el Gobierno habilitó a que cuando una unidad está sobredimensionada o ante su eliminación, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Sin embargo, al ser un ente autárquico, la entidad no entra dentro de lo dispuesto por la normativa y eso no correría para los cargos actuales. De ahí vienen parte de las manifestaciones que continúan toda la semana próxima con apagones informativos en medio de un blanqueo de capitales.

La AFIP, actualmente, se financia del 1,9% de la recaudación nacional y un 0,6% de recaudación extra para los sobresueldos, que funcionan como una métrica de productividad. Es decir que, mientras más recaudación haya, por ejemplo, por mayor fiscalización, mayores serán los pagos de sueldos de los empleados. Esto llevaba a que un sueldo que percibía el primer día de mes — de entre $800.000 y $1.200.000 — podía incrementarse hasta más del doble el día 15, cuando se pagaba el plus por productividad.

Acá entra la tercera pata del anuncio, que es la disminución de los salarios, dado que se eliminará la cuenta de jerarquización para los altos cargos. Esto reduce el salario de la titular del ente de aproximadamente $32 millones al monto que percibe actualmente un ministro de la Nación, rondando los $4 millones. Lo mismo sucederá con cargos directivos, que cobraban cerca de $17 millones.

La lógica del punto anterior es que los altos sueldos existían para evitar que agentes del organismo eviten casos de corrupción y/o cobro de sobornos de particulares o empresas que busquen mejorar su situación impositiva o eludir multas. De todos modos, jamás se estudió si esto efectivamente tuvo un efecto.

La evasión fiscal es un problema que la Economía arrastra hace tiempo, un tema en el que no se logra hacer pie y en el que la AFIP tiene un rol clave. En palabras técnicas, esto significa que pasan los años y la brecha tributaria del IVA no se reduce. ¿Qué es la brecha tributaria del IVA? Formalmente, se la define como la diferencia entre el ingreso potencial de la base imponible económica subyacente y lo que en efecto se termina recaudando. Para hacerlo más fácil, cuánto “no estás cobrando” y que dados ciertos cálculos deberías. Este número se mantiene estancado en torno al 34% desde el año 2007, con una notable mejora que lo llevó hasta el 31% en la gestión de Leando Cuccioli, sobre todo por la profesionalización de la entidad y la búsqueda de facturas truchas en el sistema, pero que nuevamente gira en torno al 34%. En Uruguay, por ejemplo, pasó de 34% a 14% en el mismo período, en Colombia de 31% a 23% y en Chile de 23% a 19%.

Por último, las designaciones dentro del ARCA. Florencia Misrahi, actual titular de la AFIP permanecerá al frente del nuevo organismo. Por su parte, José Andres Velis estará a cargo de la aduana y Andrés Edgardo Vázquez liderará la DGI. Este último nombre levantó polémicas. Tal como adelantó Hugo Alconada Mon en La Nación, Vázquez fue quien lideró un megaoperativo de la AFIP contra el Grupo Clarín en 2009, tuvo bajo su órbita la vigilancia de actividades de Cristóbal López y Lázaro Báez y quedó en la mira judicial cuando se descubrió que controlaba dos cuentas no declaradas en el exterior con casi medio millón de dólares.

La AFIP es un organismo que debería tener un rol clave en cualquier economía por todas sus funciones clave como la recaudación y la disminución de la evasión o el contrabando, entre otros. Sin embargo, en su propio informe del Plan Estratégico 2021–2025 reconoce que la inversión en tecnología es mucho menor al promedio internacional. La participación del gasto de capital — la inversión — de AFIP se encuentra en torno al 1% de los gastos totales de la entidad, mientras que el promedio internacional es cercano al 10%. Los recursos asignados allí sirven para la mejora en el incremento de las capacidades de la administración para hacer frente a los desafíos previamente mencionados. Y si se observa el gasto en tecnología, la situación es mucho peor. En su pico máximo fue cerca del 0,65% mientras que el gasto en personal abarca el 90% de la entidad. Mucho trabajo por delante.