
La decisión de Kicillof se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el rumbo que está tomando la administración de Javier Milei en materia de derechos humanos. El desmantelamiento de la Conadi es solo una de las muchas medidas regresivas que ha impulsado este gobierno, que parece decidido a reescribir la historia reciente del país, ignorando los avances logrados en las últimas décadas y poniendo en peligro la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.
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