Las familias de dos adolescentes que hace un año murieron tras ser atropellados por un inspector de tránsito en la ciudad bonaerense de Baradero, pidieron que se lo acuse de «homicidio agravado» y que se impute por el hecho a otros dos empleados e incluso al intendente municipal.
El planteo fue formulado al fiscal de San Pedro Marcelo Manso, por los padres de Giuliana Giménez (16) y Miguel Portugal (17), cuya muerte se produjo el 21 de marzo pasado a la madrugada cuando iban a bordo de una moto por el centro de la ciudad.
«Ya llegamos al año y todavía no puedo creer lo que nos pasó, siento mucha bronca y dolor, pero vamos a seguir luchando para reclamar justicia y que los responsables paguen por el daño causado», dijo a Télam Margarita Ayala, madre de Miguel.
Agregó que a veces va a la municipalidad a realizar algún trámite y se encuentra «cara a cara» con los inspectores involucrados.
A un año de los hechos, a través del abogado Daniel Castiñeiras, las familias pidieron que el inspector de tránsito Oscar Micucci, procesado por «doble homicidio culposo», sea imputado por «doble homicidio agravado en concurso real con violación de los deberes de funcionario público, abandono de persona, abuso de autoridad y encubrimiento».
El letrado hizo el planteo en base a varios testigos, que declararon que los jóvenes iban a bordo de su moto por la calle Gallo, y eran «perseguidos a alta velocidad» por una camioneta municipal, cuyos ocupantes siempre afirmaron que las muertes fueron producto de un accidente.
«¿A vos te parece guacho que con todo el trabajo que tenemos, tenemos que perseguirte a vos?» y «¡Pendejos de mierda, cómo rompen las pelotas a esta hora!», gritaron los inspectores antes del supuesto accidente mientras tocaban bocina, dijo una testigo.
Junto con Minucci, viajaba la inspectora Luciana Romero, a quien las familias de los chicos muertos quieren que se le imputen los mismos delitos como coautora.
«¿Qué hice, qué hice?, yo no quise», aseguró un testigo que gritaba Romero mientras se agarraba la cabeza, veía a los adolescentes tendidos en el piso y se iba del lugar en un auto.
En su escrito, el abogado pide también que se indague al inspector Pablo Scarfoni por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento», ya que considera probado que corrió la camioneta municipal metros más adelante del lugar donde atropelló a los chicos.
Las acusaciones alcanzan al intendente Aldo Carossi, a quien Castiñeiras considera que debe imputarse «incumplimiento de los deberes de funcionario publico», por «no haber implementado cursos de capacitacion a los inspectores prescriptos por la ley de tránsito».
Agrega que el jefe comunal hizo «caso omiso» a una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante en 2006, cuando se advertía que las autoridades municipales perseguían a jóvenes que andaban en moto y se les debía llamar la atención.
En el petitorio, se reclaman un peritaje psicológico para Micucci y se aportan testigos que fueron víctimas del accionar de los mismos inspectores, incluso la madrugada del hecho.
«Eran habituales los acorralamientos a altas velocidades, encierros, aperturas de puertas a velocidad como procedimiento de bloqueo de los motociclistas, en síntesis una `caza de ciudadanos`», se afirma en el escrito entregado al fiscal.
Giuliana y Miguel murieron la madrugada del 21 de marzo de 2010, cuando la moto que el primero conducía fue chocada por una camioneta Ford F-100 de la Dirección de Tránsito del municipio que, según algunos testigos, los venía siguiendo porque no llevaban cascos puestos.
Tras el hecho, se produjo una pueblada en la que los manifestantes destruyeron varios edificios comunales y luego se realizaron varias marchas en reclamo de justicia.
Micucci, único acusado en la causa, fue detenido y luego liberado por el hecho y los análisis de sangre y orina que se le realizaron dieron negativos, aunque según la familia de las víctimas las muestras le fueron sacados cinco horas después del hecho.
Télam
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