A través de una carta documento, a la que accedió LaTecla.Info, el presidente y vice de Finanzas de la obra social, exigieron reunirse con la gobernadora para exponer todas las irregularidades. Aseguran que la corrupción fue un 15 % mayor que en el 2016 y se mantiene al 90 % de los funcionarios denunciados en la gestión anterior.
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En esta línea, el presidente y vice de Finanzas de IOMA, Raúl Seillant y Jorge Radaelli, respectivamente, enviaron una carta documento para solicitar una urgente audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal a fin de comunicarle para tratar “las reprochables conductas de los funcionarios Sergio Cassinotti (presidente) y Roberto Vola-Luhrs (director de Recursos Humanos)”.
Al respecto, los funcionarios del SUPTTIOMA señalan que el motivo de la misma son los sucesivos hechos delictivos que han sido corroborados por la UFI con más de 20 denuncias por delitos complejos, sin que se haya derivado en revisiones disciplinarias.
Asimismo, en la carta documento señalan que todos los funcionarios que se encuentran procesados por el delito en perjuicio de las finanzas de IOMA, continúan en sus cargos o han sido ascendidos.
“Existen pruebas sobre su doble actividad, como funcionarios del Estado provincial y como accionistas, testaferros o intermediarios de empresas prestadoras de servicio a IOMA”, advierten.
En este sentido, acusan al actual director de no llevar adelante auditorías externas cuando el mismo Tribunal de Cuentas denunció el faltante de 2.800 millones de pesos en el ejercicio 2014/2015 en las cuentas de la obra social.
“Este encubrimiento o complicidad resulta penal y administrativamente reprochable y digno de una decisión política expulsiva”, concluyeron.
Recordemos que desde este medio se informó que la diputada nacional, Elisa Carrió, había vinculado el uso de “cajas negras” en Astilleros, Loterías y Casinos y el IOMA, en tanto que vinculó al ex ministro de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires, Alberto Pérez al frente de éstas.
De acuerdo con lo señalado por el sindicato, la operatoria se habría realizado desde septiembre de 2010 hasta la actualidad, y de ella participarían el ex presidente del IOMA, Antonio Atilio La Scaleia; el actual titular de la obra social, Sergio Daniel Cassinotti; y el director contador de la Dirección General de Administración, Víctor Hugo López Monti.
Además, los denunciantes remarcaron que los sanatorios que trabajan con la obra social de los empleados estatales bonaerenses en lugar de recibir el pago por sus servicios directamente del IOMA lo hacen a través de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros
stablecimientos de la Provincia de Buenos Aires, (Fecliba) y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Acliba).
Al respecto La Tecla pudo acceder a la denuncia radicada en la UFI 3. En la misiva se destaca que Fecliba tiene vínculos con Kotao, una empresa con domicilio en Capital Federal y presidida por Gabriel María Vidart, un sociólogo de Uruguay, quien se sumó tiempo después.
“IOMA permitió esta inaceptable irregularidad, con el apoyo de todo su Directorio para quedarse con un seis por ciento de cada prótesis”, argumenta el fallo.
Según consignan, por este «servicio», que consistiría en una triangulación de los pagos, esas entidades cobrarían «cargos variables de administración», con órdenes de pagos que van desde 150 mil a 400 mil pesos.
Latecla.info
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