“La mitad de los pobres son niños. Y la mitad de los niños son pobres», escribió Gustavo Gamallo en el libro “De Alfonsín a Macri” (EUDEBA, 2022); 2 años más tarde, en la Argentina de 2024, la frase ya quedó corta. Hoy 2 de cada 3 niños viven en la pobreza en el país (UNICEF). Y, sin embargo, a 40 años de haber recuperado la democracia en el país, se debate más como se los nombra que como se los cuida.
12,2 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 26.6% de la población (Censo 2022, INDEC); es decir, un cuarto de la población argentina. El estado de la infancia en la Argentina democrática debería ocupar el primer lugar en la agenda de políticas; ser el actor social más mencionado en el debate público: redes, diarios, streaming. Pero no es así. Es el más silenciado; el más subestimado; el más olvidado y, el más interpretado por los adultos.
La infancia tiene, además, una particularidad: no puede esperar. El abandono de hoy limita gravemente sus oportunidades en el futuro.
A su vez, es el único actor social no sectorizado en un país donde la política es solo interés sectorial. No tiene sindicatos ni medios de comunicación ni partidos políticos ni gobernadores ni influencia para incidir. ¿Qué tienen? Derechos y con la más alta protección (en 1990 Convención Internacional, en 1994 jerarquía constitucional, en 2005 Ley de Protección Integral). ¿Es suficiente? En Argentina no. Necesitamos avanzar; urgente.
Desde el radicalismo logramos brindar un primer aporte: la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Después de 14 años de demora, en 2017 conseguimos poner en marcha una institución que constituye el enclave de una estatalidad modelo en Argentina. Un organismo de derechos humanos, público, autónomo, autárquico y federal que vela por el reconocimiento, respeto y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el país. Un concurso inédito, que sentó un precedente ejemplar, riguroso y transparente: evaluación de 68 candidatos/as, examen escrito, presentación de planes de trabajo, audiencias públicas, concurso público de oposición y antecedentes; con la participación de las ONGs, defensorías provinciales, la OEA, la Coneau.
No alcanza. Queda mucho por hacer. La pobreza y la desigualdad siguen limitando las oportunidades de millones de niños, y la dirigencia no puede ni debe mirar hacia un costado, mucho más en tiempos de restricciones presupuestarias.
Gobernar es establecer prioridades, y en menos de un mes inicia el debate sobre el presupuesto 2025 en el Congreso. Exigiremos se cumplan las políticas de emergencia que deberían garantizarse para que la infancia y la adolescencia no sean el sector más castigado en esta etapa crítica del país.
Carla Carrizo, Diputada Nacional UCR
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