Carossi contrató a un Juez de la dictadura

Al darse a conocer el Boletín Oficial del mes de septiembre donde se hace público todos los decretos y ordenanzas correspondientes al mes, aparece un Decreto Nº 696 del 8 de septiembre de 2011. Firmado por el Intendente Municipal contratando al Dr. Juan Carlos Marchetti como representante del municipio en la causa de la quema de la municipalidad y otros edificios públicos el 21 de marzo de 2010. Causa caratulada “Daño, incendio y otros estragos, robo, resistencia a la autoridad y lesiones leves” IPP Nº 16-01-000994-10.

El Dr. Marchetti se encuentra actualmente acusado por la supresión o suposición de identidad de Manuel Gonçalves durante la dictadura.

Manuel es el único sobreviviente de la masacre de la calle Juan B. Justo 676, donde en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, fuerzas conjuntas al mando del Teniente Coronel Fernando Saint Amant, realizaron un operativo militar. El descomunal ataque dejó como saldo el asesinato de todos los integrantes de la casa, salvo un bebé.

Gastón Gonçalvez.

Como resultado del operativo, fueron asesinados Ana María del Carmen Granada, la madre del bebé sobreviviente, y el matrimonio integrado por María del Carmen Fettolini de Amestoy y Omar Darío Amestoy y su pequeño hijo Fernando Amestoy. En tanto María Eugenia Amestoy de 5 años, habría fallecido horas después en el Hospital San Felipe. Los cuerpos de los Amestoy fueron entregados días después a sus familiares. En cambio, los restos de Ana María del Carmen Granada continúan desaparecidos.

Ana María del Carmen Granada había perdido a su esposo en manos de las fuerzas represivas, y para resguardarse se afinca en San Nicolás bajo el nombre de María Cristina Loza. Con documentos apócrifos inscribe a su bebé como Manuel Valdez.

El único sobreviviente de aquella acción militar-policial, estuvo en el Hospital San Felipe hasta que el Juzgado de Menores lo dio en guarda, y posteriormente en adopción a una familia del gran Buenos Aires. Era titular de ese Juzgado el Dr. Juan Carlos Marchetti.

En agosto de 2005 el Ministerio Público Fiscal solicita la investigación por la presunta supresión o suposición de identidad de Manuel Gonçalves.

En el devenir de la instrucción, con fecha 23 de abril de 2007, se constituyó como querellante la Sra. Dorotier de Cobacho, en su carácter de Subsecretaria de derechos Humanos de la provincia y posteriormente Eduardo Luis Duhalde en su carácter de Secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Las querellas impulsaban la investigación para determinar si el magistrado de San Nicolás había concretado un ardid para de manera dolosa entregarlo en guarda primero y en adopción después. Si obviaron una profunda indagación sobre los orígenes del bebé, y si se hicieron maniobras para ocultar todo el proceso.

Por Resolución N° 18/10 del 03 de febrero de 2010, el Juez Villafuerte Ruzo, lo sobreseyó con el argumento de que la culpa de la supresión de identidad la había tenido la madre del chico, Ana María Granada.

La Cámara Federal de Rosario, en mayo de este año, revocó el sobreseimiento y ordenó reabrir la investigación contra Juan Carlos Marchetti, juez de Menores durante la última dictadura, y Delfín Castro, entonces juez civil, implicados en el proceso irregular de guarda y adopción de Manuel Gonçalves Granada, quien recuperó su identidad en 1995. La misma medida se extiende a dos asesores de Menores. El fallo señala que no se realizaron medidas básicas para reconstruir cómo fue entregado Manuel, que era un bebé, a personas conocidas y sin realizar el más mínimo intento por hallar a su familia biológica.

Esta es parte de la historia que difícilmente desconozca el Jefe Comunal, quien tomó la decisión de que la Municipalidad de Baradero sea representada por Marchetti.

Si como dice, está a favor de las políticas de Derechos Humanos del gobierno nacional, debería anular el decreto.