El contratista de la obra declaró en Comodoro Py que el jefe de Gabinete pagó U$S 245 mil en efectivo por las reformas en el country Indio Cuá. El monto de las mejoras duplica el valor de compra de la propiedad y pone bajo la lupa la evolución patrimonial del funcionario.
Foto: Antonio Becerra
En los pasillos de los tribunales federales, el ruido de la retórica oficialista sobre la austeridad parece disiparse frente a la contundencia de los números fríos. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobró un impulso definitivo tras la indagatoria de Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura y responsable de las obras en la vivienda del funcionario en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Tabar no solo confirmó la existencia de las reformas, sino que aportó el dato que desvela al fiscal Gerardo Pollicita: el desembolso de 245.000 dólares en efectivo, realizados por fuera de cualquier circuito bancario, para financiar una serie de «excentricidades» que hoy forman parte del expediente judicial.
Arquitectura del privilegio
Lo que comenzó como una vivienda de 400 metros cuadrados adquirida por Adorni a un valor declarado de U$S 120.000, se transformó en diez meses de obra en una propiedad de lujo cuya inversión en mejoras duplica el precio de compra original. Entre los detalles que Tabar certificó ante la Justicia se destacan:
- Parrilla de alta gama: un equipamiento valuado en 15.000 dólares, cifra que por sí sola equivale a varios años de salarios mínimos.
- Hidro-lujo: la construcción de una pileta de dimensiones considerables coronada por una cascada artificial, un detalle arquitectónico que simboliza el nivel de confort inyectado en la propiedad.
- Quincho y revestimientos: la creación de un espacio de esparcimiento completo y la renovación total de pisos y paredes con materiales importados.
El desafío de la justificación
La magnitud de los trabajos, que se extendieron desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025, plantea un interrogante central para la causa: ¿cómo pudo un funcionario público costear una reforma de casi un cuarto de millón de dólares en efectivo en menos de un año?
Mientras en la Casa Rosada se intenta instalar la idea de una «persecución política» para victimizar al vocero, la documentación presentada por el contratista —que incluye presupuestos y facturas— sitúa el conflicto en el terreno de la desproporción patrimonial. Para la Justicia, la cascada de Indio Cuá no es solo un adorno, sino la evidencia física de un flujo de fondos que, por ahora, el principal comunicador del Gobierno no ha logrado explicar.
Con información de NA
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