Para la Fundación “Más Vida”, Ana Clara Pérez Ballester no cumplió con los deberes de funcionario público. “Quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro”, sostuvo Raúl Magnasco, presidente de la ONG, sobre la magistrada
A menos de 48 horas de que se dé a conocer el veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy, una ONG defensora de los Derechos Humanos denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En 2020, la titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa otorgó la tenencia del menor a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja Abigaíl Páez, quienes están acusadas de torturar y abusar del niño de 5 años hasta matarlo en noviembre de 2021.
La denuncia penal fue ingresada por la Fundación “Más Vida” en la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa. Una vez que se inicie la investigación formal —explicaron en un comunicado— “podrá determinarse la culpabilidad de la magistrada denunciada, junto al resto de los funcionarios intervinientes que, sin tomar los recaudos socioambientales del caso, entregaron a Lucio al hogar donde finalmente encontraría la muerte”.
“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso….”, lamentó el Raúl Magnasco, presidente de la fundación denunciante.
Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, de un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.
Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.
Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.
El 1° de febrero de 2021, dos meses después de que la magistrada Pérez Ballester accedió a que Esposito Valiente y Páez se quedaran legalmente con la tenencia de Lucio, el nene ingresó al Hospital Evita con golpes en todo su cuerpo. Semanas más adelante, el 23 de marzo de 2021, Lucio fue atendido en el mismo sanatorio por una “deformidad en su dedo con una fractura ósea”. De hecho, en varias fotos con su madre y la novia de ella, se ve a Lucio con un yeso en la mano derecha. A los ocho, el 21 de noviembre de 2021, murió.
Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.
El próximo jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.
La pena no se dará a conocer ese día, sino en una audiencia posterior, aunque si el tribunal acepta los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF), la única que les corresponderá a las acusadas es la de prisión perpetua. En caso de que el Tribunal valorara las pruebas de otra manera, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia.
Infobae
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