El juez provincial a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Nº 3, José Terrier, le pidió al juez federal, Alberto Recondo, que informe sobre el estado del amparo presentado también por la ONG junto a intendentes pero contra el tarifazo a nivel nacional.
Luego de que el titular del juzgado Federal N°4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, que entiende en la causa por el aumento en las tarifas eléctricas, volviera a reclamar información a la Secretaría de Energía y el ENRE, lo cual fue interpretado como una medida dilatoria para una resolución, el Juez provincial a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Nº 3, José Terrier, tomó cartas en el asunto.
El magistrado le solicitó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) y al ministerio de Infraestructura todos los expedientes administrativos donde tramitaron las subas de tarifas, y a Recondo que informe el estado procesal del amparo contra el tarifazo ordenado por el gobierno nacional.
Terrirer realizó el pedido porque la presentación elaborada por Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) entre otros aspectos argumenta que no es posible que la Provincia fundamente una medida administrativa en otra que está siendo objetada en la Justicia federal, en referencia al amparo presentado también por la ONG junto a intendentes pero contra el tarifazo a nivel nacional.
Lo que hizo el magistrado federal fue demorar su decisión sobre si concede o no el amparo a favor de todos los usuarios del servicio eléctrico del país ante el tarifazo. ¿Cómo? Volvió a solicitar información al ENRE y a la secretaría de Energía de la Nación, algo que ya había efectuado a días de haber recibido la presentación. Ese movimiento es interpretado como una maniobra dilatoria porque un amparo es el proceso más rápido que tiene la Justicia argentina para evitar que sean violentados los derechos de los ciudadanos.
Y, efectivamente, hay que esperar porque la causa judicial contra el tarifazo provincial depende en parte de la federal. Es que Cepis argumenta en su presentación que las medidas tomadas por el gobierno encabezado por María Eugenia Vidal están cimentados en una serie de resoluciones emitidas por el gobierno federal que están siendo cuestionadas por no estar a derecho.
Cabe recordar que, a mediados de marzo, Intendentes peronistas, junto a la ONG CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad), presentaron un pedido de nulidad para impugnar en la Justicia los aumentos de electricidad que el gobierno bonaerense autorizó para las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y las 200 cooperativas que actúan en territorio provincial.
En concreto, se busca que la Justicia declare nulas las resoluciones 1/2019 y 39/2019 del OCEBA y 186/19 del Ministerio de Infraestructura, que dispuso incrementos tarifarios que ya acumulan más de 5 mil por ciento en algunos casos, desde 2015 y que afectan a dos millones de usuarios de toda la Provincia.
En los últimos días sumaron su apoyo los intendentes de Hipolito Irigoyen, Pehuajó, Leandro N. Alem, Carlos Casares y Alberti. Así, por lo que ya son una decena los jefes comunales que impugnan la medida de la gobernadora que rige desde el 1º de febrero.
El amparo solicita que los jueces de la Nación: “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”.
El Diario de Baradero
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