Las autoridades del Magno College de Pilar, que a principios de este mes decidió no renovarle la matrícula a ocho alumnos con discapacidad, informaron que cerrarán las puertas de la institución de manera definitiva. “En el día de hoy solicitamos la baja de la matrícula del colegio y anunciamos el cierre del mismo a partir de la finalización del Ciclo Lectivo 2022″, informaron las autoridades de la institución que había sido denunciada por discriminación ante el INADI e intimada por la Dirección de Escuelas bonaerense a cumplir con las normas de inclusión.
Por otra parte, en el comunicado, se argumentó: “[La decisión] No tiene que ver con las numerosas dificultades que encontramos a lo largo del camino, sino con una nueva intervención de la Dirección General de Cultura y Educación, que desde hace un tiempo ha dado muestras de no acompañar nuestro plan”.
Así, los directivos señalaron que la ”reiterada interferencia de las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación” implicó que se les “impida hacer lo que la ley no prohíbe ni se nos obligue a hacer lo que la ley no manda”.
Para finalizar, apuntaron: “Dado la animosidad creciente y el nivel de progresiva intromisión en nuestras decisiones, resulta más que claro que un Colegio como Magno College no es bienvenido en el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires”.
Fuentes del colegio informaron que el personal de la institución se enteró de la decisión también a través del comunicado, algo que preocupa no solo a los docentes, también a los empleados del lugar.
Discriminación en el Magno College
La decisión de las autoridades del Magno College se da luego de que su dueño, Sebastián Boix Mansilla, a fines de septiembre, le informó a ocho familias de alumnos con discapacidad que no podrían seguir en esa escuela a partir del año próximo. La razón que dio a los padres era que su rendimiento “le bajaba la vara” a la institución y que su proyecto educativo corría por otros carriles.
Esto causó no solo la tristeza de los chicos desplazados, sino también la indignación de sus padres y de las familias del resto del alumnado. Es por eso que promovieron un abrazo frente al colegio en apoyo a las familias discriminadas.
Además, realizaron una denuncia ante el Inadi y la Dirección de Cultura y Educación bonaerense. No obstante la intimación por parte de esa dirección, el colegio había ratificado la decisión de quitarle la vacante para 2023 a los chicos.
El 18 de octubre, la titular del Inadi, Victoria Donda, recibió a cinco de las familias afectadas en la sede del organismo “para escucharlas, contenerlas y asesorarlas respecto a sus derechos, y canalizar las denuncias por discriminación”.
“Durante la reunión se les informó que actualmente los expedientes se encuentran en la instancia de Gestión Rápida de Conflictos, desde la cual se intenta establecer diálogo con autoridades de la escuela, a fines de resolver la demanda de vacantes. En caso de que no sea posible arribar a una solución se avanzará con una conciliación, y luego con un dictamen de opinión sobre lo denunciado. Aspiramos a que la intervención sirva como puntapié para repensar las prácticas y decisiones que adoptó la escuela y a favorecer los valores sobre la diversidad y la inclusión de las niñas y niños”, informó el Inadi.
Hace ocho años, la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por las Naciones Unidas, por el cual se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a aprender en un entorno inclusivo. Esto quiere decir que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a estudiar en las escuelas de modalidad común.
Sin embargo, el cumplimiento de esta disposición en nuestro país es muy variable según la jurisdicción, salvo La Pampa, donde la inclusión es casi plena. Según datos del Ministerio de Educación de la Nación del 2021, el 49,5% de los chicos del país que tienen algún tipo de discapacidad, estudian en espacios segregados, principalmente en escuelas especiales. En el Conurbano, ese porcentaje es del 52%. En tanto que las escuelas estatales del Conurbano son más permeables a la inclusión que la de gestión privada, ya que el 75% del total de chicos que se encuentran en proyectos de inclusión va a escuelas estatales, lo que deja apenas un 25% en colegios privados.
LA NACION
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